Piden amnistía para 18 acusados por protesta en la UB vinculada al independentismo

La organización Alerta Solidària ha solicitado la amnistía para 18 personas juzgadas por boicotear un acto cultural en la Universitat de Barcelona en 2018. La Fiscalía, en cambio, reclama 2,5 años de prisión para cada uno, considerándolos responsables de delitos de coacciones y discriminación ideológica.

El juicio, que comenzó esta semana en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, se centra en hechos ocurridos en un homenaje a Cervantes, en un contexto de fuerte movilización del movimiento independentista catalán. La fiscalía argumenta que los acusados actuaron con intención de impedir un acto cultural legítimo, mientras que la defensa sostiene que no hubo daños ni lesiones, y que las acciones respondieron a una manifestación antifascista.

En el debate jurídico y social subyace la tensión política en Cataluña, donde las acciones de protesta y la respuesta judicial reflejan la pugna por definir el límite entre la libertad de expresión y la protección del orden público. La acusación también ha añadido una agravante por motivos ideológicos, lo que ha generado rechazo en sectores que consideran que se trata de una persecución política.

En las puertas de la sala, cerca de un centenar de personas apoyaron a los acusados. La portavoz de Alerta Solidària criticó lo que calificó como penas desproporcionadas y recordó que en 2023 ya solicitaron la amnistía, sin éxito. Por su parte, representantes de Societat Civil Catalana defienden que el acto fue una muestra cultural que fue boicoteada violentamente, y que la violencia no puede quedar impune.

El trasfondo político del caso evidencia la persistente polarización en Cataluña y la utilización de la justicia como escenario de disputa ideológica. La sentencia que se dicte podrá marcar un precedente en la interpretación de la libertad de expresión en contextos de movilización social y reivindicación identitaria en la comunidad autónoma.

En el futuro, la resolución del juicio y la posible concesión de la amnistía podrían influir en la dinámica de las protestas y en las relaciones entre las instituciones catalanas y el Estado, en un momento de alta tensión política que aún no encuentra una vía de resolución definitiva.