El Registro de Violencias en Escolares de Catalunya registra más de 5.000 casos en el curso 2025-2026

Desde el inicio del curso escolar 2025-2026, el Registro de Violencias contra el Alumnado (Reva) de Catalunya ha documentado un total de 5.161 casos relacionados con posibles situaciones de acoso escolar, en un contexto donde en total se han registrado 5.331 incidentes en el entorno educativo. La problemática del acoso y otras formas de violencia en las aulas continúa siendo un desafío prioritario para las políticas educativas de la Generalitat, que aspira a reducir estas cifras mediante campañas de sensibilización y protocolos de intervención.

El incremento en la detección de casos refleja, en parte, una mayor sensibilización social y un compromiso institucional por abordar con mayor rigor estas conductas. Sin embargo, también evidencia dificultades estructurales en la prevención y en la formación de docentes para gestionar de manera efectiva situaciones de violencia y acoso en los centros educativos, en un contexto político donde la gestión de la convivencia escolar ha sido objeto de debate, especialmente en relación con la autonomía de los centros y la financiación pública de programas preventivos.

El gobierno catalán ha priorizado la implementación de medidas para mejorar la detección y respuesta ante estos casos, en un escenario donde la política educativa se encuentra marcada por tensiones con el Estado, que ha promovido reformas en materia de educación y convivencia escolar. La Generalitat ha defendido la necesidad de reforzar las políticas propias en este ámbito, en un contexto de incremento de la conflictividad social y de debates sobre la educación inclusiva y los derechos de los menores.

En el análisis de los datos, destaca que la violencia machista ejercida por adultos y entre alumnos representa una proporción significativa, junto con el maltrato infantil y el bullying, consolidándose como áreas prioritarias para la política educativa y social en Cataluña. La coordinación entre instituciones, centros y comunidades educativas resulta clave para afrontar estos retos, en un momento donde la atención a la salud mental y el bienestar de los menores ha cobrado mayor relevancia en el debate público.

El contexto político en Cataluña, marcado por un proceso de autogobierno en tensión con las instituciones estatales, influye en la gestión de recursos y en la prioridad que se otorga a la lucha contra la violencia escolar. La continuidad de estas cifras evidencia que, aunque se han avanzado en la sensibilización, aún persisten desafíos estructurales y sociales que requieren una respuesta coordinada y sostenida a largo plazo, en línea con las recomendaciones internacionales y los compromisos en materia de derechos de la infancia.