BARCELONA, 23 de octubre. Este jueves, el Parlament de Catalunya ha llevado a cabo una votación que resultó en la aprobación de una moción instando al Govern para que exija al Gobierno central un impulso en la transferencia de competencias relacionadas con la inmigración a la comunidad autónoma, de forma que la medida sea considerada “inaplazable”.

La moción, inicialmente presentada por la formación ERC y posteriormente enmendada por PSC-Units, ha obtenido el respaldo de varios partidos, incluidos Junts, Comuns, CUP y Aliança Catalana, mientras que PP y Vox se manifestaron en contra de la iniciativa.

Este documento hace hincapié en que la transferencia de competencias debe abarcar aspectos como los permisos de residencia, la regulación laboral y las políticas de acogida, respetando el acuerdo previo que incluía los recursos económicos correspondientes para su implementación.

Cabe recordar que la delegación de estas competencias fue parte de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts en el contexto de la investidura del presidente Pedro Sánchez, aunque dicho pacto no prosperó en el Congreso debido a la oposición de PP, Vox y Podemos.

Durante el debate, el diputado de ERC, Jordi Viñas, afirmó que Catalunya no puede seguir en la espera de que Madrid aborde una situación que, según él, debe ser gestionada desde la cercanía y el entendimiento local. Además, hizo un llamado para evitar discursos que criminalizan la inmigración.

Por su parte, la diputada del PSC Ivana Martínez opinó que la ampliación del autogobierno catalán debería enfocarse en un mejor manejo de las competencias, aclarando que esta delegación no supone una pérdida de soberanía, sino más bien una colaboración en el marco constitucional para optimizar la gestión.

Desde Junts, la diputada Ennatu Domingo señaló que resulta curioso que ERC exija algo que su partido también ha demandado, a pesar de que algunos miembros de ERC suelen calificar a Junts de racistas por esas mismas solicitudes, y también cuestionó al PSC sobre su actuación en Madrid.

El PP, representado por la diputada Míriam Casanova, se opuso rotundamente a la idea de que la Generalitat pudiera manejar adecuadamente la cuestión migratoria, argumentando que los gobiernos catalanes previos no han demostrado la capacidad de proporcionar un cuidado adecuado a los menores bajo su tutela. También enfatizó que el PP no participará en ninguna forma de legitimación del separatismo que, en su visión, representa el movimiento independentista.

La diputada de Vox, María Elisa García Fuster, se mostró firme contra la propuesta, argumentando que ningún gestor responsable debería permitir que PSC y ERC participen en decisiones relacionadas con la inmigración, menos aún en la delegación de competencias exclusivas.

El diputado de Comuns, Andrés García Berrio, abogó por la necesidad de contar con herramientas más efectivas para asegurar derechos que aborden situaciones de exclusión, aunque lamentó que la narrativa de Junts en relación a la ley se centrara tanto en el desbordamiento y la saturación.

Pilar Castillejo, líder de la CUP en el Parlament, defendió que su partido busca tener la totalidad de las competencias, enfatizando la importancia de utilizar las de inmigración para garantizar derechos y para promover el uso del catalán como lengua de cohesión social. Además, pidió el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la aprobación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Finalmente, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, declaró que el interés de su partido en obtener las competencias migratorias responde a la necesidad de ejercer un control fronterizo eficaz para gestionar el aumento del flujo migratorio y para poder supervisar adecuadamente la inmigración en Catalunya.