El presidente de Andorra, Xavier Espot, ha defendido con firmeza la inminente ley que gravará la inversión extranjera en el sector inmobiliario, una normativa que, según su opinión, contribuirá a incrementar "la oferta de alquiler asequible" en el país. Esta declaración se produjo en el contexto de un desayuno informativo celebrado con Europa Press, donde también se hizo presente Núria Marin, delegada del Govern catalán en Madrid.

Espot destacó que Andorra, con su superficie de tan solo 468 kilómetros cuadrados, enfrenta un desafío considerable en la gestión de su afluencia turística. Según el mandatario, el país ha alcanzado un punto crítico, donde solo el 2% del territorio puede ser utilizado para la construcción. "Desde el ángulo de las infraestructuras y la red viaria, tenemos un límite, y creo que estamos cerca de ese límite", subrayó.

Uno de los objetivos primordiales de su gobierno es desestacionalizar el turismo. Para lograrlo, Espot ha planteado la necesidad de atraer a visitantes durante todas las estaciones del año, no solo en invierno, cuando el turismo de esquí alcanza su pico. Propuso implementar "una política de promoción turística y la organización de eventos a lo largo del año" para atraer a un perfil de turista con mayor capacidad económica, añadiendo que Andorra se alinea con las estrategias turísticas de España.

El presidente andorrano no eludió abordar la problemática de la vivienda en su país. En este sentido, reafirmó que su gobierno está preparado para aprobar una ley que impondrá un impuesto progresivo que oscilará entre el 3% y el 10% sobre la inversión inmobiliaria extranjera, en función del tipo de inmuebles adquiridos. Esta medida, según Espot, es clave para incrementar la oferta de alquiler asequible, un tema crucial en el debate público actual.

A pesar de la controversia que ha generado esta nueva normativa, Espot celebró que el Parlamento andorrano esté dispuesto a votarla en el primer trimestre del año. Además, mencionó que la ley incluirá la prohibición indefinida de conceder nuevas licencias para pisos turísticos, como parte de un esfuerzo más amplio para regular el sector inmobiliario.

Además, la normativa limitará a dos el número de propiedades que pueden adquirir los no residentes o aquellos que hayan residido en Andorra por menos de tres años. También se prevé la inclusión de un "mecanismo de cesión temporal al Estado de viviendas vacías" y el establecimiento de un gravamen más alto sobre las ganancias de capital en el sector inmobiliario.

En sus conclusiones, Espot enfatizó que la creciente escasez de viviendas ha disparado los precios, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas concretas para mitigar esta situación. El presidente andorrano insistió en que es responsabilidad de los poderes públicos actuar para revertir la crisis habitacional que afecta en la actualidad a los ciudadanos de Andorra.