En una reciente declaración, el Govern de Andorra ha desmentido cualquier insinuación de que España ejerciera presión en la intervención de la Banca Privada d'Andorra (BPA), subrayando que dicha decisión fue adoptada de manera autónoma por las autoridades andorranas. El jefe del Gobierno andorrano, Xavier Espot, se ha mostrado firme al afirmar que no existen indicios de que el pasado ejecutivo español o una supuesta 'policía patriótica' estuvieran detrás de esta medida, la cual, según se reporta, contribuyó a la eventual desaparición del banco y a un inminente colapso del sistema financiero en el pequeño estado pirenaico.

Durante una entrevista difundida el martes por la cadena pública La2 y Ràdio 4, Espot declaró: “No tengo información que sugiera que el Gobierno español influyó de alguna manera en la intervención de la BPA”. Estas palabras llegan en respuesta a los comentarios del expresidente Mariano Rajoy, quien previamente había negado cualquier forma de coacción por parte de su administración en esta delicada cuestión.

Aunque el líder andorrano no descarta la existencia de coacciones o de una supuesta 'policía patriótica', ha dejado claro que cualquier investigación sobre este tema corresponde a la justicia. De hecho, ha revelado que la intervención del banco fue motivada por un aviso de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señalaba preocupaciones significativas sobre blanqueo de capitales en la entidad financiera.

En otro orden de ideas, Espot ha defendido la necesidad de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, argumentando que Andorra no puede ignorar su contexto geográfico y social. El mandatario ha indicado que las negociaciones para este acuerdo se han acelerado y culminado durante la presidencia española del Consejo de la UE en la primera mitad de 2023. Según él, la relación con España es fundamental y el país ibérico continúa siendo un aliado estratégico para Andorra.

La conversación también ha tocado el tema de la despenalización del aborto, que se está negociando con la Santa Sede, uno de los coprincipados. Espot ha afirmado que, aunque el aborto no podrá practicarse físicamente en Andorra, habrá un sistema de compensación económica para quienes lo necesiten, junto con un apoyo de servicios públicos.

Finalmente, el jefe de Gobierno destacó que Andorra está en proceso de consolidarse como un estado moderno con un robusto reconocimiento de los derechos cívicos y sociales, comprometiéndose a avanzar en esta dirección antes de que concluya la legislatura en dos años.