BARCELONA, 1 de enero.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comienza el año 2026 con importantes desafíos que deberá enfrentar en los primeros días, destacando la financiación especial, la creación de una empresa mixta junto al Gobierno para el traspaso de Rodalies y las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos como sus principales prioridades.

Recientemente, Illa afirmó: "El 2025 ha sido un buen año y el 2026 promete ser aún mejor: Catalunya seguirá avanzando", insistiendo en que este nuevo año podría marcar un cambio significativo para la región.

A lo largo de 2025, Illa no logró obtener la aprobación del presupuesto, aunque logró el respaldo de sus aliados, ERC y Comuns, quienes apoyaron gran parte de sus propuestas y le permitieron aprobar hasta tres suplementos de crédito para paliar la ausencia de nuevas cuentas públicas.

En una reciente rueda de prensa, Illa aventuró que "en enero ocurrirán novedades", haciendo referencia al modelo de financiación especial para Catalunya, que está siendo ultimado por el Gobierno, el Govern y ERC. Este modelo se espera que se presente entre finales de enero y febrero para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El nuevo modelo tiene como objetivo aumentar los recursos que Catalunya recibe del Estado, garantizando que los fondos sean asignados "en proporción" a lo que cada comunidad aporta, siguiendo así el principio de ordinalidad, que asegura que la comunidad que más contribuya también sea la que más se beneficie del reparto de recursos.

Previo a esto, se formalizará la creación de la empresa mixta entre el Gobierno y la Generalitat para gestionar Rodalies de Catalunya, cuyos detalles ya están definidos según fuentes del ejecutivo regional, y se iniciará así el traspaso de la línea R1 de Rodalies.

La nueva empresa contará con un consejo de administración compuesto por cinco miembros, siendo el presidente nombrado por el Govern. A pesar de esto, Renfe tendrá una participación mayoritaria del 50,1%, frente al 49,9% que poseerá la Generalitat.

En este inicio de año, Catalunya se encuentra operando con unos presupuestos prorrogados desde 2023, sin que todavía se hayan iniciado las negociaciones con ERC ni Comuns sobre los nuevos Presupuestos.

La formalización del traspaso de Rodalies y la definición del modelo de financiación deberán cumplirse para satisfacer las demandas de ERC, que condicionó su apoyo a Illa para la negociación de los Presupuestos.

Los Comuns, por su parte, subrayaron la necesidad de mantener las bonificaciones al transporte público y cumplir con los acuerdos de 2025 sobre la convalidación de créditos suplementarios, y se reunirán nuevamente con el Govern para dar seguimiento a estos puntos.

Ambos socios exigirán que el Gobierno destine recursos a políticas de vivienda, transporte público, y mejoras en los sectores de educación y sanidad para los nuevos presupuestos.

Además de estos aliados, un aspecto fundamental en la política catalana será el avance de la ley de amnistía para los líderes del 'Procés', especialmente para el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Tras el apoyo del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE a la Ley de Amnistía, se espera que el tribunal se pronuncie en primavera, momento en que el Tribunal Supremo decidirá cómo aplicarla a Puigdemont y a Oriol Junqueras, líder de ERC.

Si se da luz verde a la amnistía y se levanta la orden de detención contra Puigdemont, el líder de Junts podría regresar a Catalunya, un escenario que Illa ha manifestado como deseable, permitiéndole así liderar la oposición desde el Parlament, dado que sigue siendo diputado.

La política catalana, al igual que en 2025, también estará influenciada por el crecimiento de Vox y Aliança Catalana en las encuestas, partidos a los que el resto de formaciones, excluyendo al PP, han decidido mantener un "cordón sanitario" desde el inicio de la legislatura.

La estabilidad del Gobierno también estará en juego, especialmente tras la ruptura de relaciones de Junts y los casos de corrupción que han surgido, en un año que será el último antes de las elecciones municipales de 2027, sin ningún otro proceso electoral previsto en el calendario.