En un nuevo desarrollo que generará controversia en el ámbito cultural, el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha presentado una solicitud al Ministerio de Cultura para que se considere como "expolio" el traslado de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, actualmente en el Museu Nacional de Catalunya (MNAC).

Este requerimiento, que ya ha sido divulgado por diversos medios, se fundamenta en el argumento de que hay un "peligro real, objetivo, inminente y verificable de destrucción" que podría resultar del traslado de estas valiosas obras de arte.

Costa se apega a la Ley del Patrimonio Histórico Español, concretamente al artículo 4, que permite tales solicitudes. Pide además la aplicación del artículo 6, que obligaría al Ministerio a detener cualquier movimiento hasta que se demuestre, a través de informes técnicos imparciales, que se cumplen las condiciones necesarias para preservar las obras sin riesgo alguno.

El exvicepresidente también ha solicitado la suspensión de cualquier acción que pudiera comprometer la integridad de las pinturas. En su requerimiento, enfatiza la necesidad de una revisión técnica ejecutada de manera independiente sobre el estado de conservación de las obras en su actual sede en el MNAC.

Además, Costa ha propuesto que se gestione una encomienda de tutela provisional para asegurar la adecuada conservación y estabilidad de las pinturas en su ubicación actual, bajo la supervisión del Ministerio, siguiendo el principio de precaución y la responsabilidad de garantizar la integridad del patrimonio cultural en condiciones óptimas.

En su petición, el exvicepresidente también solicita que el Instituto del Patrimonio Cultural de España realice un informe técnico urgente que evalúe el estado actual de las obras, los riesgos concretos asociados al posible traslado y la adecuación de las ubicaciones previstas para salvaguardar su conservación.

La solicitud se refiere a un caso de hace casi dos décadas en el barrio del Cabanyal, Valencia, donde un plan urbanístico amenazaba la integridad de ciertas casas. Costa recuerda que, a pesar de la aprobación judicial, una plataforma ciudadana logró que el Ministerio de Cultura interviniera, llevando a declarar el proyecto como un caso de expolio por parte de la Ministra de la época.