El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido en el Senado la amnistía como una forma de reparar el dolor causado por la represión, pero sin olvidar la violencia policial, el exilio y la cárcel que han sufrido. Asegura que, al igual que la amnistía dejó de ser inconstitucional, el referéndum también lo hará para el Gobierno de Pedro Sánchez.
En la Comisión General de Comunidades Autónomas, promovida por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, Aragonès afirmó que el referéndum será aceptado como una vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado. Se aprobó un informe sobre el impacto autonómico de la amnistía, alertando de que este tipo de normas ponen en peligro el Estado de las Autonomías.
El presidente de la Generalitat también abogó por un sistema de financiación singular para Cataluña, gestionando directamente los recursos y recaudando impuestos. Considera que el sistema de financiación actual es injusto, obsoleto y opaco para Cataluña, suponiendo una carga insoportable para la región.
Al no haber asistido ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, Aragonès fue el primero en intervenir en la comisión. Anticipó días antes que asistiría para "trolear al PP", dado su perfil de independentista, republicano y de izquierdas.
Tras Aragonès, intervendrán en la comisión figuras políticas de distintas comunidades autónomas como el vicepresidente de la Xunta de Galicia, representantes de Andalucía, Cantabria, La Rioja, el presidente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Extremadura, Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y Castilla y León.
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