En un reciente giro de los acontecimientos, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha expresado su descontento con las iniciativas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinadas a regular el mercado de la vivienda. Según Arcarazo, las medidas propuestas no cumplen con las expectativas necesarias para abordar la crisis actual, lo cual genera una preocupación creciente entre los ciudadanos.

En una comparecencia ante los medios, Arcarazo criticó la reciente anunciada exención del 100% del IRPF para los propietarios que alineen sus alquileres con el índice de referencia. Esta política ha sido acompañada por un aumento de impuestos a los compradores extracomunitarios y la creación de un nuevo Perte destinado a estimular la construcción de viviendas. Sin embargo, la portavoz considera que estas acciones son insuficientes y no resuelven los problemas de fondo.

La portavoz del Sindicat de Llogateres ha señalado que aunque Sánchez ha modificado su discurso y se ha mostrado más abierto a la problemática de la vivienda, las medidas presentadas carecen de la eficacia necesaria para reducir los precios de alquiler y fomentar la estabilidad en el mercado. En su opinión, no se están tomando las decisiones adecuadas para regular los alquileres temporales ni para frenar las compras especulativas, lo que perpetúa la situación crítica.

Arcarazo enfatizó que, a pesar de los numerosos anuncios realizados por el Gobierno, las acciones iniciales parecen un mero "brindis al sol", y advirtió que si la situación no se mejora, se podrían llevar a cabo nuevas movilizaciones por parte de los inquilinos. Para ella, la verdadera solución no se limita a congelar precios, sino que es imperativo reducirlos significativamente.

Finalmente, lamentó que la exención del IRPF implica "perdonar todos los impuestos a la gente que vive de rentas", planteando un dilema ético sobre la equidad de estas medidas. Además, en cuanto a la fiscalidad para los compradores extracomunitarios, hizo hincapié en que muchos de los principales inversores son en realidad europeos, como ciudadanos franceses y alemanes, lo que sugiere que las restricciones propuestas no tendrán un impacto significativo en el mercado.