La Fiscalía solicita casi 37 años de prisión para el hombre acusado de asaltar y agredir sexualmente a 8 mujeres en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) entre enero de 2020 y abril de 2021, mientras que la defensa pide su absolución.

BARCELONA, 10 Feb.

El presunto agresor cometió los ataques por la mañana, vestido con uniforme de trabajo y con el rostro cubierto, según han relatado las 8 víctimas durante la primera sesión del juicio que ha comenzado este lunes en la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona. La Fiscalía ha solicitado para él una condena de 36 años y 11 meses de cárcel.

Las mujeres han descrito que el agresor llevaba un traje oscuro y grueso con rayas brillantes, aparentando ser un electricista, y que siempre ocultaba su rostro con un pasamontañas, capucha o bufanda. Los ataques se produjeron entre las 6.30 y las 7.05 horas, en un momento de poca luz y escasa presencia de personas en la calle.

Todas las víctimas coinciden en que el agresor las abordó por la espalda, salvo en tres casos. Una de las mujeres ha detallado que el acusado la agredió de frente, derribándola y tocándole los pechos, mientras que otra fue intimidada desde lejos antes de ser atacada y una tercera fue abordada mientras limpiaba un portal.

En una de las agresiones más graves, una mujer ha afirmado que el agresor pudo introducirle un dedo en la vagina. Las víctimas han señalado que el hombre las inmovilizaba para realizar tocamientos en diversas partes del cuerpo, en ocasiones utilizando guantes y gorro para ocultar su identidad por completo.

La empresa para la que trabajaba el acusado ha declarado que los empleados recibían un pasamontañas como parte de su uniforme, pero no ha podido confirmar si el uniforme en cuestión era azul con franjas grises o de qué color era exactamente.

La defensa del acusado solicita su absolución, mientras que la Fiscalía le imputa un delito de agresión sexual con penetración, 6 sin penetración y otro sin penetración en grado de tentativa. Asimismo, pide 15 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas una vez cumplida la pena de prisión, además de indemnizar a las afectadas que así lo requieran.