Laia Bonet, primer teniente de alcalde de Barcelona, ha calificado de "lógicas y sensatas" las demandas formuladas por el Ayuntamiento en su nueva propuesta de convenio con la plataforma Airbnb.

En una reciente conferencia de prensa, Bonet anunció que la nueva estrategia busca la eliminación de los anuncios ilegales en un tiempo máximo de 48 horas. Esto contrasta notablemente con el plazo de 10 a 15 días establecido en el acuerdo anterior.

“Solicitamos medidas tan básicas como la veracidad de la información en su plataforma. Es fundamental que los datos sobre los alojamientos se correspondan con la realidad y que se verifique la identidad del anfitrión antes de publicar un anuncio”, comentó Bonet. Hizo hincapié en la necesidad de evitar situaciones absurdas, como que alguien se haga pasar por un personaje ficticio como James Bond.

La nueva propuesta también exige a Airbnb un control estricto sobre la legalidad de los alojamientos que presenta, estableciendo que la compañía debe proporcionar mensualmente al Ayuntamiento los datos de los anuncios, lo que permitirá al consistorio gestionar la eliminación de aquellos que no sean conformes.

Bonet resaltó que es inaceptable que la comunicación entre el Ayuntamiento y Airbnb se realice por correo postal enviado a Irlanda, sugiriendo que en la era digital, se requieren métodos más eficientes y modernos.

Asimismo, la propuesta incluiría la entrega de información sobre las cuentas bancarias de los anfitriones para mejorar la trazabilidad de transacciones y combatir el fraude asociado a las actividades en la plataforma.

Estableciendo criterios claros, los anuncios de alquiler de menos de 32 días deberán incluir el nuevo número de registro único de arrendamiento que proporciona el registro de la propiedad. En cuanto a los alquileres de más de 32 días, estos no podrán aceptar reservas de corta duración sin contar con una licencia válida, debiendo estar registrados en la ventanilla única estatal.

Bonet precisó que el Ayuntamiento otorga un plazo de 15 días a Airbnb para que se pronuncie sobre la propuesta; sin embargo, advirtió que en caso de rechazo, no se negociarán más demandas. “Como hemos afirmado anteriormente, estamos considerando todas las acciones necesarias, ya sea de carácter civil, administrativo o penal, para asegurar la correcta aplicación de estas regulaciones, especialmente en un tema tan crucial como es el acceso a la vivienda”, concluyó la teniente de alcalde.