En Badalona, la actividad policial se ha intensificado tras el desalojo de un asentamiento ocupado en el antiguo instituto B9, donde numerosas personas habían establecido su hogar provisional. La Guardia Urbana está ahora enfocada en desalojar a quienes se han instalado en la plaza frente a esta edificación, tras la reciente intervención obligatoria. Este miércoles, la situación se tornó tensa cuando se anunciaron operaciones de desalojo masivo.

Cerca de las 8:30 de la mañana, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), que ejerce de mediador en este conflicto, notificó la presencia de múltiples patrullas policiales en la zona. Este espacio se había convertido en un refugio temporal para aquellos que habían sido desalojados del instituto B9 no hacía mucho tiempo.

A pesar de que se les pidió que abandonaran la plaza antes de las diez de la mañana, las autoridades decidieron otorgar algo más de tolerancia, permitiendo que los desalojados desmantelaran su campamento y recogieran sus cosas, incluyendo tiendas de campaña y otros enseres, para reubicarse a escasa distancia del lugar original.

La representante del SHSC, Gisela Bermúdez, ha señalado que este desalojo es el más significativo en toda Catalunya, con más de 400 personas arrojadas a la calle sin opciones de vivienda alternativas. Bermúdez advirtió que la situación actual refleja la falta de soluciones habitacionales en la región y evidenció la creciente presión policial sobre quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En el marco de este operativo, se reportaron 18 detenciones por razones de extranjería y más de 180 personas fueron identificadas por las autoridades. Bermúdez cuestionó la justificación dada por la Guardia Urbana, la cual alega que el desalojo es necesario para facilitar brigadas de limpieza en el área circundante del antiguo instituto.

La portavoz del SHSC expresó su preocupación, afirmando que es inédito ver una acción de este tipo en la zona en todos los años que lleva residiendo en Badalona. Criticó lo que considera una "excusa" encubierta para expulsar a aquellos en situación de pobreza, sugiriendo que las autoridades buscan homogeneizar la ciudad en torno a intereses inmobiliarios, dejando de lado a los más necesitados.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, hizo un llamado al alcalde Xavier García Albiol para que reabra el albergue municipal de Can Bofí Vell, el cual había estado cerrado, a fin de ofrecer refugio urgente a los desalojados. Bermúdez lamentó que, sin un lugar donde ir, estas personas podrían verse obligadas a trasladarse a otros espacios vulnerables.

Según los datos proporcionados por la portavoz, en Badalona hay más de 8,000 viviendas vacías, y en el total de Catalunya, esta cifra alcanza las 420,000. Albiol, por su parte, ha dejado en claro que el Ayuntamiento no se comprometía a financiar ningún tipo de apoyo para los desalojados de B9, enfatizando que es responsabilidad del presidente Pedro Sánchez encontrar soluciones habitacionales para este grupo.

El alcalde subrayó las contradicciones que presenta el discurso del Gobierno, alegando que por una parte se promueve la acogida de migrantes y por otra se descuida a quienes ya residen en condiciones precarias. En este contexto, instó al presidente a asumir un papel activo en la resolución de esta crisis habitacional arrojando así una dura crítica hacia su gestión.