En una decisión trascendental para la política de vivienda en Cataluña, el Parlament ha dado luz verde a la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, tras la aprobación del proyecto de ley que contempla medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y el urbanismo.

Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha expuesto los detalles de esta ley durante el debate final. Este proceso legislativo ha recibido la participación de diversos partidos, incluyendo enmiendas de Junts, PP y Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns han presentado modificaciones en conjunto al informe del Consell de Garanties Estatutàries, que habían solicitado Junts y PP.

Un aspecto crucial del dictamen del Consell es que ha ratificado la constitucionalidad de la normativa destinada a regular los alquileres de temporada, aunque ha expresado reservas sobre la prórroga automática de las viviendas de protección oficial en áreas con alta demanda.

El contenido de la ley abarca diversas áreas, incluyendo la obra pública y normas administrativas, modificando de esta manera la legislación vigente sobre el derecho a la vivienda, la Ley de Urbanismo y la normativa relativa a la mejora urbana, ambiental y social de los barrios. También se incluyen decretos ley relacionados con la movilización de viviendas que provienen de ejecuciones hipotecarias y medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda.

Dentro de esta propuesta se establece que en los planes urbanísticos de los municipios con alta demanda residencial, el uso principal de las viviendas debe ser como residencia habitual y permanente. Asimismo, se regula el alquiler de temporada, exigiendo un plan especial que justifique su interés público y social, además de considerar la idoneidad de la ubicación del alojamiento.

El proyecto también introduce limitaciones para el alquiler de habitaciones, estipulando que el total de las rentas de cada habitación no puede exceder el costo del alquiler del inmueble completo.

Con el objetivo de aumentar la transparencia en el sector, se creará un registro de grandes tenedores bajo la supervisión de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Esto se complementará con la creación de una comisión encargada de supervisar los contratos de arrendamiento y otorgar a los inspectores el estatus de agentes de la autoridad, definiendo claramente sus funciones.

Finalmente, el texto aclara el destino de las fianzas que el Institut Català del Sòl mantenga en depósito, con el fin de fortalecer los recursos públicos para la construcción de vivienda protegida, y amplía el alcance de los derechos de tanteo y retracto por parte de la administración.