
Un grupo de partidos catalanes conformado por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP ha dado un paso importante al presentar un nuevo proyecto de ley que, de aprobarse, significará la eliminación gradual de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Este acontecimiento se ha registrado en el Parlament de Catalunya el día 25 de septiembre y marca el inicio del proceso legislativo que busca que la ley sea efectiva para el año 2026.
En una conferencia de prensa, los representantes de los partidos responsables, entre ellos Jose Ignacio Aparicio (PSC), Salvador Vergés (Junts), Jordi Albert i Caballero (ERC), Lluís Mijoler (Comuns) y Laure Vega (CUP), expusieron los detalles sobre el proyecto de ley, que se enmarca dentro de las iniciativas para regular el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas.
La propuesta de ley busca establecer un orden en el sector del transporte y definir las funciones de cada tipo de servicio, incluyendo taxis, VTC, limusinas y una nueva categoría llamada vehículos de Alta Disposición, que desempeñará funciones similares a las de los VTC convencionales.
Este nuevo marco regula que los taxis serán considerados un servicio esencial dentro del sistema de transporte público, estableciendo tarifas oficiales y obligando a los conductores a aceptar servicios, salvo justificación válida para rechazarlos.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la eliminación de los VTC, ya que las licencias actuales no se renovarán y solo se otorgarán permisos temporales si los taxis no pueden satisfacer la demanda.
Aparicio, diputado del PSC, subrayó la importancia de la unidad entre cinco grupos parlamentarios para impulsar esta normativa, asegurando que es un paso necesario para organizar un sector considerado de trascendencia pública y promoviendo la creación de un sistema informático para supervisar su funcionamiento.
Desde Junts, Vergés expresó que existen varias inquietudes respecto al texto, pero prefieren abordarlas a través de negociaciones internas para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores del sector VTC.
Por su parte, el representante de ERC, Albert, reivindicó el papel de su partido en el desarrollo de esta normativa, destacando su importancia para estructurar adecuadamente el sector del taxi.
Mijoler, de Comuns, calificó la ley como una regulación fundamental para las áreas rurales, donde el taxi a menudo es la única alternativa de transporte frente al uso del coche privado.
Vega, de CUP, celebró que la legislación reconozca la lucha de los taxistas y se posicione como un medio para combatir el modelo de economía de plataforma que muchas veces ignora los derechos laborales de sus trabajadores.
El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, también participó en la rueda de prensa, describiendo la ley como un avance innovador a nivel global y atribuyendo su éxito a la constante movilización de los taxistas y al diálogo establecido con los partidos políticos.
Álvarez insistió en su deseo de que nadie pierda su empleo, abogando por la integración de los conductores de VTC en el gremio de taxistas, donde estarían sujetos a las mismas normas que aseguran un trabajo digno y condiciones laborales adecuadas.
Sin embargo, el hecho de que PP, Vox y Aliança Catalana no hayan participado en la presentación de la ley fue criticado por Álvarez, quien afirmó que ambos partidos se oponen a los intereses del sector de los taxistas, haciendo alusión a la situación del transporte en Madrid bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso.
A pesar del apoyo general hacia el proyecto, uno de los puntos debatidos ha sido el requisito de que los nuevos conductores deben demostrar un nivel B1 de catalán. Los diputados de Junts y ERC están planteando enmiendas para incrementar este requisito al nivel B2, lo que ha generado controversia.
Mijoler, de Comuns, defendió que la prioridad debe ser la disponibilidad de recursos para implementar la normativa, en lugar de enfocarse en el nivel de lengua requerido, mientras que Aparicio consideró que el nivel B1 es suficiente para garantizar la comunicación adecuada en el servicio.
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