Barcelona, 14 de marzo.

En declaraciones recientes, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha generado un evidente debate al relacionar la situación actual de la vivienda en Europa con los desafíos en materia de defensa. En su propuesta, sugiere que el gasto público destinado a la vivienda no debería contabilizarse dentro de las restricciones del déficit, de manera similar a lo que algunos países han planteado para sus gastos en defensa.

Collboni argumenta que esto es especialmente relevante en naciones como España, donde la proporción de viviendas de propiedad pública es significativamente menor que la media europea. Según sus palabras, la lógica es clara: si se consideran tiempos excepcionales para la defensa, lo mismo debería aplicarse a la vivienda, que es un derecho fundamental.

El alcalde ha manifestado que su administración está implementando un enfoque revolucionario al tratar la vivienda como una infraestructura social esencial, a la que se refiere como “el quinto pilar del estado del bienestar”. Su objetivo es garantizar que todos los ciudadanos cuenten con el derecho a un hogar digno y asequible.

Para lograr esto, Collboni ha presentado varias medidas innovadoras en el contexto español, como la regulación de precios en el alquiler. Además, destaca la necesidad de limitar los alquileres temporales y, en una decisión sin precedentes, se propone extinguir todas las licencias para pisos turísticos en Barcelona antes de 2028.

El alcalde también ha subrayado que la crisis de la vivienda representa un desafío directo a la democracia, especialmente en un momento en que crece la influencia de la extrema derecha en Europa y otras partes del mundo. Para Collboni, asegurar el acceso a la vivienda es, por ende, un acto de defensa de la democracia misma.