El Parlamento de Cataluña ha respaldado recientemente un decreto ley que busca modernizar y reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para alinearla con las necesidades económicas del futuro. Esta adaptación incluye la expansión de funciones y la posibilidad de que la ATC asuma gradualmente la gestión del IRPF.

La votación del suelo legislativo ha contado con el apoyo de partidos como PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts decidió abstenerse. Por otro lado, tanto PP, Vox como AC se manifestaron en contra, y sorprendentemente, el decreto no será tramitado como un proyecto de ley convencional.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, defendió el proyecto ante los miembros del pleno, afirmando que la ATC experimentará un aumento significativo en su carga de trabajo y en la complejidad de las funciones tributarias que manejará. Además, propuso que se le otorgue más autonomía para la creación de nuevos cuerpos de profesionales tributarios.

El diputado de Junts, Toni Castellà, expresó su preocupación por la falta de un modelo de financiación específico para Cataluña, denunciando que este decreto podría no ser la mejor vía para afrontar el futuro económico. Además, instó a que el dinero recaudado en Cataluña se invierta directamente en los servicios públicos para los ciudadanos catalanes.

Por su parte, Albert Salvador de ERC indicó que su partido apoyará el decreto, pero alertó a la consellera sobre la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos para garantizar una gobernabilidad efectiva en la región.

Desde el PP, la diputada Lorena Roldán anunció que su grupo está considerando llevar el asunto al Tribunal Constitucional, acusando al Gobierno de utilizar de manera inapropiada la figura del decreto ley para introducir temas controvertidos en el Parlamento.

Joan Garriga, portavoz de Vox, no escatimó en críticas, calificando la propuesta como un ataque a la unidad de España y un riesgo para la población catalana, ya que considera que la Generalitat es experta en la confiscación y el malgasto de recursos.

En defensa de la medida, David Cid de los Comuns argumentó que el fortalecimiento de la ATC es beneficioso y abogó por la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación que se ajuste a las realidades de Cataluña.

La diputada de la CUP, Laure Vega, manifestó el respaldo de su partido al decreto, resaltando que "cualquier avance hacia la soberanía es algo positivo".

Por otro lado, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, criticó el decreto, tildándolo de engaño y advirtiendo que no permitirán que se imponga sin oposición.

Finalmente, el diputado de PSC-Units, Jordi Riba, enfatizó que este decreto es fundamental para establecer un nuevo sistema singular de financiación y añadió que su convalidación representa una firme apuesta por una hacienda propia en Cataluña.