En un reciente desarrollo político, el pleno del Parlament ha dado luz verde al tercer decreto de suplemento de crédito que el Govern presentó a finales de mayo, el cual inyectará 468 millones de euros en las arcas de la Generalitat. Esta decisión se tomó con los votos a favor de PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que Junts optó por la abstención y PP, Vox, CUP y Aliança Catalana se manifestaron en contra.

Esta inyección de fondos se suma a los 2.168 millones de euros del primer suplemento y a los 1.301 millones del segundo, que ya habían sido validados en sesiones anteriores. En total, estos suplementos aportan casi 4.000 millones a las finanzas públicas de Cataluña para el ejercicio 2023, que es el último año con presupuestos aprobados.

El Govern ha establecido acuerdos con ERC para utilizar parte de estos recursos en la rehabilitación de edificios y la expansión del parque de alquiler asequible. También se prevé la creación de nuevos espacios en guarderías y la universalización de este servicio, así como la finalización de la gratuidad de las etapas educativas I0 e I1. Además, se contempla un impulso a la lengua catalana y la necesidad de concretar un nuevo modelo de financiación para Cataluña antes de julio.

Por otro lado, en colaboración con los Comuns, se destinarán fondos a mejorar la educación, recuperar comedores escolares y fomentar la inclusión educativa. También se invertirán recursos en el Metro de Barcelona y en la red ferroviaria catalana, así como en otros proyectos relacionados con la salud, la vivienda y las residencias.

Alícia Romero, consellera de Economía y Finanzas, ha detallado que aproximadamente 80 millones de euros se destinarán a cubrir gastos de personal, mientras que 386 millones se asignarán a inversiones para los diferentes departamentos. Según ella, el aumento considerable en los fondos se debe a la buena evolución de la economía y los ingresos tributarios.

A pesar de los esfuerzos, la consellera ha reconocido que la situación de prórrogas presupuestarias se ha vuelto habitual y espera que en los próximos años se puedan aprobar presupuestos que brinden un marco de estabilidad a la administración. Sin embargo, ha admitido que este año no ha sido posible.

Desde la bancada de Junts, el diputado Jordi Munell ha expresado su preocupación por el hecho de que la normalidad se haya convertido en depender de suplementos de crédito en lugar de contar con presupuestos aprobados. Considera que debería existir un diálogo más efectivo con los socios de investidura y ha calificado de mera escenificación el acuerdo firmado con patronal y sindicatos para respaldar este nuevo suplemento.

Albert Salvadó, portavoz de ERC, ha enfatizado la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiación basado en la ordinalidad y la bilateralidad para poder negociar los presupuestos de 2026. Sin este acuerdo, ha advertido que no habrá posibilidad de crear estabilidad ni de aprobar nuevos presupuestos.

Desde el PP, Hugo Manchón ha criticado al Govern por comunicar una ilusión de estabilidad a través de la aprobación de los suplementos, subrayando que son solo una fachada ante la ausencia de soluciones reales. Recordó las palabras del presidente Pedro Sánchez, quien hizo hincapié en la necesidad de convocar elecciones si no se lograban acuerdos concretos.

Vox también ha presentado objeciones, con su portavoz Joan Garriga cuestionando que el financiamiento se destina a promover el uso del catalán en detrimento del castellano, mientras que los recursos se desvían a iniciativas culturales y deportivas en lugar de mejorar los servicios públicos.

David Cid, de los Comuns, ha insistido en que ahora le corresponde al Govern utilizar los recursos disponibles adecuadamente y ha señalado que sus prioridades para 2026 deben centrarse en la vivienda, los servicios públicos y el transporte. Exigen que se respeten los compromisos acordados en las negociaciones actuales.

Laia Estrada, de la CUP, ha criticado la falta de detalles en los decretos del Govern y acusó a PSC, ERC y Comuns de hacer del Parlamento un mero gestor de decisiones establecidas en otras instancias.

Por su parte, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, ha denunciado que el uso repetido y cuestionable de los suplementos de crédito revela la fragilidad del executiu, que a su juicio, carece de una base sólida para gobernar.

Finalmente, el diputado del PSC, Jordi Riba, ha defendido que esta no es una medida unilateral, sino el resultado de negociaciones con ERC y Comuns, resaltando que su aprobación es una indicación de la fortaleza institucional del Govern en un contexto donde los servicios públicos no pueden verse comprometidos ante la falta de nuevos presupuestos.