Desde el inicio de la actual legislatura en el Parlament de Catalunya, se han llevado a cabo un total de 15 plenos, acumulando un espléndido récord de 124 horas de deliberaciones. Este periodo, que se extiende desde el 12 de mayo de 2024 hasta El 30 de diciembre de 2024, ha marcado un hito significativo al ser la primera legislatura sin una mayoría independentista en la Cámara en más de diez años.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Parlament, en este tiempo se ha aprobado una ley, se han reformado los reglamentos internos y se han validado cuatro decretos ley. En este momento se encuentran en tramitación 26 iniciativas legislativas, lo que refleja una actividad legislativa intensa y diversificada.

El próximo periodo de sesiones dará comienzo el 15 de enero de 2025, y el primer pleno está programado para los días 28, 29 y 30 de enero, continuando con la dinamización del trabajo legislativo. Esta serie de plenos llega tras la constitución del actual hemiciclo, que tuvo lugar el 10 de junio de 2024, donde fue elegido Josep Rull como presidente, con el respaldo del PSC-Units, ERC y los Comuns.

Durante este primer periodo, la Cámara ha tomado decisiones clave, aprobando la primera ley de la legislatura el 11 de diciembre, que establece la creación del Fondo Agrario y Ganadero, una iniciativa impulsada por PSC-Units. Además, se ha llevado a cabo una reforma significativa de los reglamentos internos el 25 de julio, lo que incluye la ampliación de los supuestos en los que los diputados pueden delegar su voto y la regulación del voto telemático.

En cuanto a los decretos ley, se han validado un total de 24, abarcando temas tan importantes como las medidas urgentes en financiación para sistemas públicos de saneamiento y el compromiso con servicios sociales. Estas reformas tocan directamente áreas críticas y demuestran la voluntad del Govern de adaptarse a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Entre los decretos validados se encuentran también la modificación de la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra y una serie de medidas de urgencia relacionadas con el impuesto sobre el patrimonio. Durante el tiempo que el Parlament estuvo disuelto, la Diputación Permanente aprovechó para validar cuatro decretos más, enfocándose en las consecuencias de la sequía y la emergencia climática, así como en el sector agrario.

Un tema crucial que permanece vigente es la validación del último decreto ley aprobado por el Govern, que aborda las necesidades financieras del sector público y las medidas para reforzar las prestaciones sociales en un contexto de prórroga presupuestaria.

En cuanto a la agenda legislativa, siete proyectos de ley continuarán su tramitación en el nuevo periodo de sesiones, algunos de ellos enfocándose en la modificación del Código Civil de Catalunya y el Estatuto de municipios rurales. También se contemplan iniciativas sobre la erradicación del amianto y la memoria democrática de Catalunya, lo que indica un amplio espectro de intereses y compromisos legislativos.

Además, se han presentado proposiciones de ley para abolir los beneficios fiscales del casino Hard Rock, las cuales están siendo tramitadas de manera acelerada. Aunque se esperaba que estas propuestas se aprobasen en el último pleno de 2024, fueron retiradas del orden del día a raíz de una solicitud de Junts para evaluar su viabilidad legal.

Las fuerzas políticas de la Cámara avanzan también con proposiciones conjuntas para fortalecer los derechos de la comunidad LGTBI y mejorar la regulación de los defensores locales de Greuges. Actualmente, se tramitan múltiples proposiciones de ley, reflejando una diversidad de intereses que afecta a distintos sectores de la sociedad catalana.

Asimismo, se está considerando una nueva iniciativa legislativa popular para alterar la Ley de renta garantizada de ciudadanía, y continúa pendiente una propuesta de declaración de independencia de Catalunya. Estas acciones destacan la voluntad de diversos sectores de la sociedad catalana de tener voz en el proceso legislativo activo.

Finalmente, el Congreso de los Diputados ha comenzado a evaluar una proposición de ley especificamente diseñada para garantizar que no prescriban los delitos sexuales contra menores. Esta medida ha sido defendida por varias diputadas en el Parlament, lo que subraya la colaboración entre diferentes niveles de gobierno en la protección de los más vulnerables.