En un reciente desarrollo político en Cataluña, el Parlament ha dado luz verde a una iniciativa del Partido Popular (PP) que propone la implementación de significativas reducciones fiscales para los propietarios de inmuebles. Esta moción, que ha generado un amplio apoyo en la cámara, busca establecer recortes de hasta el 70% en la cuota del IRPF correspondiente a los ingresos obtenidos por el alquiler, como una forma de estimular la oferta de viviendas asequibles en la región.

La moción fue aprobada en una sesión plenaria celebrada este jueves, donde se hizo énfasis en la necesidad de desarrollar políticas de apoyo a la construcción de viviendas destinadas a alquiler, especialmente para grupos vulnerables como jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65, así como aquellas que enfrentan dificultades de acceso a la vivienda. La propuesta ha recibido el respaldo de un amplio arco de partidos, incluidos PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que Comuns y la CUP se manifestaron en contra.

Uno de los aspectos más destacados de esta moción es la sugerencia de incentivar a los propietarios para que introduzcan sus propiedades en el mercado de alquiler. Esto, se argumenta, sería crucial para aumentar la disponibilidad de viviendas en alquiler y, a su vez, lograr precios más competitivos que beneficien a los inquilinos. La medida se presenta como una solución para equilibrar la oferta y la demanda en un mercado que ha sido históricamente complejo.

El planteamiento fiscal incluye la posibilidad de establecer reducciones significativas en la carga tributaria para aquellos propietarios que decidan alquilar sus propiedades a precios asequibles. Se espera que con esta acción se logre facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con ingresos moderados y bajos, quienes a menudo se encuentran excluidos del mercado debido a los altos costos. Esta estrategia podría alterar positivamente el panorama residencial en Cataluña.

Además, el pleno del Parlament ha decidido implementar una serie de subvenciones que cubrirían al menos el 25% del alquiler mensual de aquellos jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos brutos mensuales de hasta 2.200 euros, que no han podido beneficiarse del Bono de alquiler joven. Este apoyo está diseñado para aliviar la carga económica que representa el acceso a la vivienda y ayudar a este segmento de la población a estabilizar su situación habitacional.

Por último, el texto aprobado también insta al Govern de la Generalitat a que lleve a cabo negociaciones con el Gobierno central para la transferencia de viviendas y terrenos de la Sareb en Cataluña. La finalidad de esta acción sería destinar dichos inmuebles a la construcción y alquiler de vivienda social, contribuyendo así a la creación de un entorno más inclusivo y accesible para todos los ciudadanos.