BARCELONA, 12 de diciembre.

La gestión del Govern en relación a la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha recibido duras críticas por parte de los partidos ERC y Comuns. Ambos grupos han señalado los "errores y la mala administración" que se han evidenciado en la revisión de esta normativa que afecta a municipios con poblaciones de entre 20,000 y 50,000 habitantes. En un comunicado conjunto emitido este viernes, pidieron compensaciones para aquellos ayuntamientos que realizaron inversiones con la idea de implementar estas zonas, que finalmente no les resultarían necesarias.

De acuerdo con la legislación de cambio climático vigente, se establece que los municipios de tamaño mediano deben instaurar ZBE a partir de 2026 si sus niveles de emisiones de dióxido de nitrógeno y partículas contaminantes superan los límites establecidos. Sin embargo, en una disposición de 2024, el Govern amplió los criterios a incluir el ozono como indicador, lo que ha generado confusión en varios ayuntamientos.

Una reciente revisión realizada por el Govern ha determinado que 24 municipios catalanes que originalmente debían adoptar ZBE ya no están obligados debido a un notable aumento en la calidad del aire. Sin embargo, ERC y Comuns critican que esta importante actualización no se haya publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), lo que ha generado incertidumbre y ha llevado a muchas administraciones a realizar esfuerzos económicos sin necesidad.

Frente a esta situación, ambos partidos han instado a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, a que comparezca ante la comisión de Transición Ecológica del Parlament para ofrecer explicaciones sobre esta cuestión. Además, solicitan la presencia de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Sonsoles Letang, para aclarar los detalles de esta revisión y sus implicaciones.

Finalmente, ERC y Comuns han exigido que se realicen compensaciones a los municipios que han procedido a implementar las ZBE a pesar de la falta de obligación y a aquellos que invirtieron recursos en estas medidas que resultaron innecesarias, abogando por la justicia y el apoyo a las administraciones locales afectadas.