En un contexto marcado por la creciente problemática de la ocupación ilegal, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular (PP), ha presentado en Badalona (Barcelona) un plan de vivienda que busca abordar esta situación mediante medidas contundentes. Entre sus propuestas, destaca la rápida acción que permitiría desalojar a los ocupantes de propiedades en un plazo de 24 horas y la intención de endurecer las sanciones por usurpación ilegal.

Gamarra subrayó la gravedad de la situación en Catalunya, donde, según sus declaraciones, se concentra un alarmante 42% de todas las ocupaciones en España. En su comparecencia, acompañada por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, enfatizó que la postura del PP es clara: “Al ocupa no se le protege, al ocupa se le desaloja”. Esta declaración resuena como un grito de alarma ante lo que consideran un fenómeno que amenaza la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.

Entre las medidas propuestas, la secretaria general sugirió declarar nulos los empadronamientos que se realicen en viviendas ocupadas, y dotar a las comunidades de propietarios de herramientas efectivas que les permitan tomar acción frente a este tipo de conflictos. La intención es proteger el derecho a la propiedad y salvaguardar la paz en las comunidades afectadas.

Gamarra también hizo hincapié en que la inseguridad jurídica es uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes a la hora de acceder a la vivienda. “Una de las causas más relevantes está en la inseguridad jurídica que rodea la construcción, así como en las leyes que favorecen a los ocupantes, generando miedo entre los propietarios para poner sus inmuebles en el mercado de alquiler”, afirmó con preocupación.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, Gamarra señaló que las ocupaciones han escalado de 12.000 a 17.000 anualmente, y que actualmente hay alrededor de 80.000 viviendas ocupadas en toda España, con 25.000 sufriendo lo que se ha denominado 'inquiocupación'. “Hoy el ocupa campa a sus anchas”, lamentó, evidenciando una crítica directa a la gestión actual en torno a este tema.

Critica también las leyes aprobadas por Sánchez, las cuales, según Gamarra, brindan derechos y protección a los ocupantes en detrimento de los verdaderos propietarios. “Esas normativas debiesen estar a disposición de quienes realmente poseen sus hogares”, enfatizó, ilustrando la necesidad de un cambio legislativo en esta materia.

Xavier García Albiol, por su parte, expresó su gratitud por la presencia de Gamarra en Badalona, resaltando la importancia de visibilizar un problema que repercute negativamente en numerosas familias catalanas. Albiol mostró su respaldo a las iniciativas del PP para combatir la ocupación ilegal, sugiriendo que, si se implementan las modificaciones legislativas que propone su partido, esta problemática podría resolverse en un período de ocho meses, especialmente en ciudades afectadas como Badalona.

El alcalde enfatizó que es “muy importante” que la propuesta avance en el proceso legislativo para que las leyes lleguen a proteger adecuadamente a las verdaderas víctimas de la ocupación ilegal: los propietarios y los vecinos, y no a los propios ocupantes. Esta afirmación pone de manifiesto la intención del PP de reforzar los derechos de quienes sufren a causa de estas prácticas ilegales.