Este martes, el gobierno catalán dará un paso importante con la aprobación de una medida que ampliará los recursos de la Agència Catalana de l'Habitatge. Este acuerdo se produce en el contexto de un pacto con el grupo parlamentario de los Comuns, que implica la creación de un nuevo cuerpo de inspectores para aplicar el régimen sancionador de la ley de vivienda de la región.

A través de una rueda de prensa llevada a cabo en el Palau de la Generalitat, los representantes de los Comuns, David Cid y Susana Segovia, anunciaron que se espera que este cuerpo esté operativo antes de que finalice el año y que contará con un total de 100 inspectores. Esta iniciativa es vista como un paso necesario para fortalecer el control en temas de vivienda en Cataluña.

La implementación de este nuevo equipo de inspectores se formalizará en el Consell Executiu del Govern, donde se establece la posibilidad de presentar denuncias a través del portal de la Generalitat, así como la facultad de actuar de oficio en casos que lo requieran.

Susana Segovia enfatizó la relevancia de que estos 100 puestos sean ocupados por funcionarios de la administración pública, resaltando que solo ellos poseen la potestad necesaria para sancionar en el ámbito gubernamental. Esto, según Segovia, garantizará que el nuevo cuerpo opera con todas las garantías legales.

Un aspecto clave de esta medida es la necesidad de realizar cambios legislativos que permitan a la Agència Catalana de l'Habitatge ejercer funciones sancionadoras, ámbito en el que hasta ahora solo se había permitido a la Agència Catalana de Consum. Se prevé que estos cambios sean debatidos en el Parlament en octubre, en el marco de un decreto de medidas urgentes relativas a vivienda y urbanismo.

El costo estimado para la creación de estos nuevos puestos de trabajo asciende a aproximadamente 5,9 millones de euros. Aunque aún se desconoce si las 100 posiciones estarán completamente ocupadas para finales de año, tanto el Govern como los Comuns han acordado que el cuerpo de inspectores debería estar operativo en un plazo de alrededor de tres meses.

Desde la perspectiva de los Comuns, la intención del régimen sancionador que se implementará no es recaudar fondos, sino garantizar el cumplimiento de la ley. Segovia subrayó que los inspectores estarán distribuidos por toda Cataluña, con un mayor número en áreas con problemas de alquiler.

En términos específicos, se asignarán 50 inspectores a la veguería de Barcelona, 13 a Girona, 12 al Camp de Tarragona, y 5 para Lleida, Terres de l'Ebre, Penedès y Catalunya Central, entre otros.

Además, Cid y Segovia recordaron al Govern que aún quedan pendientes otros compromisos relacionados con la vivienda, como el impulso de un parque de vivienda de protección oficial y la creación de una unidad que trabaje contra los desahucios. Cid también advirtió que no iniciarán negociaciones para el presupuesto de 2026 hasta que se cumplan estos compromisos.

Cabe señalar que la creación de este cuerpo de inspectores fue una de las líneas marcadas por los Comuns para poder apoyar el segundo suplemento de crédito que se aprobó en mayo, en lugar de entrar en discusiones sobre los presupuestos en un contexto de incertidumbre fiscal.