BARCELONA, 28 Nov.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido hoy con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para formalizar un acuerdo histórico entre el Gobierno central y el ejecutivo catalán. Este convenio, destinado a vigilar y combatir los discursos de odio en internet, representa el primero de su tipo establecido con una comunidad autónoma.
El acto de firma se llevó a cabo en el emblemático Palau de Pedralbes en Barcelona, donde también estuvo presente la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, subrayando la importancia de la colaboración interinstitucional en este ámbito.
Este novedoso acuerdo permitirá a la Generalitat acceder a los recursos y estudios realizados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Juntos, trabajarán en un sistema de monitoreo que busca detectar y analizar la proliferación de mensajes racistas y xenófobos en el entorno digital.
El sistema de monitoreo compartido se centrará en fomentar el intercambio de información y mejores prácticas entre los diferentes niveles de administración, con la meta de fortalecer la respuesta gubernamental ante estos discursos nocivos.
Además, Catalunya contará con herramientas avanzadas y reconocidas a nivel europeo que facilitarán la recopilación y análisis de datos sobre este fenómeno, así como la identificación de perfiles que puedan incurrir en delitos o violaciones administrativas, a través de la Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat.
Durante su discurso, la ministra Saiz destacó que este convenio marca el inicio de una nueva fase de cooperación entre ambas instituciones, expresando su deseo de que sirva de modelo para otras regiones de España. En su intervención, subrayó la diversidad cultural de Catalunya como un recurso valioso, no como un reto a enfrentar.
Saiz hizo hincapié en que el odio que se difunde en el mundo digital puede socavar la convivencia social y lamentó la lentitud de algunas plataformas digitales para eliminar contenido denunciado, haciendo referencia a episodios trágicos como aquellos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia).
"No podemos permitir que pasen días, o incluso semanas, antes de que se tomen acciones sobre contenido nocivo. Lo que se dice en las redes puede tener consecuencias mortales en la vida real. No podemos permitir que sucesos como el de Torre Pacheco se repitan", afirmó con firmeza.
El presidente Illa advirtió sobre un preocupante cambio en las redes sociales a lo largo de los años. Reflexionó sobre la falta de previsión en el pasado y la necesidad urgente de cuestionar quiénes son los actores que operan tras estas plataformas y cuáles son sus verdaderos intereses.
Illa insistió en que no debe hacerse caso de discursos que pongan en riesgo la convivencia y la democracia, criticando la influencia de los algoritmos en la promoción selectiva de ciertos mensajes en detrimento de otros.
El odio, según Illa, no es un concepto abstracto; tiene repercusiones devastadoras en la vida real. "Si no toleramos insultos o agresiones en nuestro entorno físico, ¿por qué deberíamos aceptar lo mismo en el ámbito digital?", cuestionó.
El presidente subrayó que aquellos que propagan mensajes de odio a menudo lo hacen sin temor a las consecuencias, defendiendo que cualquier acción en el entorno virtual debe tener repercusiones tangibles en el mundo real. "Quien propaga el odio en nuestros vecindarios y en la calle debe rendir cuentas, y esto también aplica a quien lo hace en redes sociales", afirmó con determinación.
Finalmente, la consellera Menor alertó sobre el alarmante aumento del discurso de odio, ciberacoso y violencia digital, señalando un impacto desproporcionado sobre mujeres, comunidades migrantes, y el colectivo LGTBI+. Este convenio, según ella, debe ser un paso decisivo para transformar la preocupación en acción efectiva, a través de políticas públicas que garanticen igualdad y protección de los derechos humanos.
Menor afirmó que el Govern es plenamente consciente del fenómeno y de la creciente difusión de "narrativas negacionistas y deshumanizadoras", que a menudo provienen de sectores extremistas. "Lo que buscamos con este acuerdo es abordar estos problemas de manera decidida, proporcionando las herramientas necesarias para enfrentar este reto", concluyó.
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