El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha subrayado la necesidad de reformular la oferta educativa pública ante la previsión de una caída de 30.000 alumnos en el próximo curso escolar, según sus propias estimaciones.

Durante la sesión de control al Govern en el Parlament, Illa aseguró que ninguna escuela pública será cerrada en Cataluña y que se llevará a cabo una reordenación de algunos grupos según las expectativas de matriculación.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, quien había criticado al Ejecutivo catalán por el cierre de 111 líneas educativas en la enseñanza pública, al tiempo que se han creado 21 grupos en la enseñanza concertada.

Illa también afirmó que la ratio de alumnos por clase se fijará en 19, una cifra notablemente inferior al estándar habitual de 25, y sostuvo que esto refleja el compromiso de su Govern con el sistema educativo público.

El presidente catalán mencionó que en el proceso de reordenación se han llevado a cabo 225 encuentros con diversas autoridades municipales, aunque Albiach cuestionó su gestión al no haber contactado con los alcaldes de varias ciudades importantes como Terrassa, Rubí y Sabadell, instándole a corregir esta omisión.

El presidente defendió que, al haber una disminución en el número de estudiantes, es razonable ajustar la oferta educativa sin cerrar centros, añadiendo que Albiach también tomaría decisiones similares si estuviera en su lugar.

Desde la CUP, la diputada Laia Estrada pidió que no se elimine ninguna línea educativa pública y sugirió una reducción audaz de las ratios, criticar los problemas en el transporte público y la sanidad en la región, subrayando que las políticas del Govern no se diferencian de las de la oposición de derechas.

Illa respondió que la inversión en Rodalies y el sistema de salud pública nunca ha sido tan alta, además de mencionar la creación de 7.500 nuevas plazas en Formación Profesional.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, planteó cuestiones sobre la situación de 17 menores que han sufrido mutilación genital en la región, así como 120 casos en grado de tentativa, inquiriendo sobre si estos individuos siguen bajo la tutela de sus agresores o si han sido encerrados o expulsados del país, como debería ser.

El presidente Illa respondió que la solución no es la expulsión, sino la persecución y condena a estos delitos, considerando inaceptables tales situaciones y comprometido a proporcionar la mayor transparencia posible, siempre respetando la privacidad de los menores involucrados.