BARCELONA, 8 de julio. La reciente solicitud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para comparecer en el Parlament durante el pleno programado para el 22 de julio ha suscitado gran interés político. Esta comparecencia, la última antes del receso estival, tiene como objetivo proporcionar claridad sobre el controvertido caso Santos Cerdán.

Partidos como Junts, PP y Vox habían instado desde hace semanas a Illa a que se presentara ante el Parlament. Su participación está ahora confirmada para finales de este mes, aunque se espera la ratificación de la Junta de Portavoces en los próximos días.

El próximo pleno no solo se centrará en la comparecencia del presidente, sino que también incluirá un debate sobre infraestructuras y la votación del decreto ley que busca fortalecer la resiliencia del suministro eléctrico en Catalunya. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado resistencia, ya que cuatro alcaldes de la provincia de Girona - Lladó, L'Armentera, Sant Jordi Desvalls y Viladamat - han expresado su oposición mediante una carta enviada a la Mesa.

El proyecto de ley del estatuto de los municipios rurales también está en la agenda, así como la discusión sobre la formación de una comisión de investigación relacionada con la Dgaia, un tema sensible en el ámbito de la administración pública catalana.

Además, se ha admitido a trámite una proposición de ley sobre cámaras oficiales de comercio, respaldada por PSC-Units, Junts, ERC y PP. Por otro lado, la CUP ha presentado una enmienda a su proposición de ley de usos lingüísticos, buscando añadir una cláusula económica que consideran vital.

Por último, se ha propuesto un decreto ley que implementará medidas urgentes en el ámbito de la escolarización para el próximo curso. También se ha solicitado que el Govern ajuste sus respuestas escritas a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios, conforme a lo solicitado por ERC y Junts.