Illa sostiene que el Govern reaccionó "de inmediato" ante los fallos en las contrataciones educativas.

El debate sobre la Jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana ha resurgido con fuerza después de que el Gobierno catalán decidiera declararla como Lugar de Memoria Democrática. Este espacio ha sido señalado por ser un lugar donde se cometieron actos de tortura durante el franquismo, y la decisión ha suscitado una intensa polémica entre los distintos actores políticos de la región.
En medio de la controversia, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha defendido ante las críticas, afirmando que el Govern ha respondido de manera eficaz a los recientes errores en la adjudicación de plazas docentes. Según Illa, la situación se ha corregido en menos de tres días, y asegura que estas adjudicaciones se han realizado incluso más temprano que en el año anterior.
Durante una sesión de control en el Parlament, los representantes de Junts, ERC y los Comuns cuestionaron la gestión del Govern. Illa enfrentó acusaciones de intentar desviar la responsabilidad hacia los técnicos involucrados, mientras él defendía la contundencia de las medidas adoptadas, incluyendo el cese del subdirector a cargo de las adjudicaciones.
Por su parte, Alejandro Fernández, líder del PP catalán, denunció que la decisión de Illa de marcar la Jefatura de Via Laietana como un símbolo de la represión franquista menosprecia a las fuerzas del orden actuales. Illa, en su defensa, argumentó que reconocer el pasado de este lugar no debería empañar la labor de la policía actual, que él considera democrática.
Illa recalcó la necesidad de recordar los abusos cometidos en el pasado, afirmando que hoy en día la policía ha superado esos capítulos oscuros: "Defiendo que haya un recuerdo de esas prácticas, que ya no se llevan a cabo". Ante las críticas de Fernández, Illa se mostró confundido, preguntando qué dificultad encuentra en tener memoria histórica de los hechos acaecidos en ese edificio.
Entre los temas abordados, también surgió la visita de los Reyes de España a Barcelona, donde el diputado de la CUP, Dani Cornellà, aprovechó para señalar el creciente descontento de la ciudadanía hacia la monarquía. Illa, no obstante, defendió la importancia del respeto hacia todos los puntos de vista, tanto favorables como en contra de la monarquía.
Después de que Ignacio Garriga, líder de Vox en Catalunya, manifestara su preocupación por un supesto aumento de la criminalidad, Illa contrastó esta afirmación, señalando que en el primer semestre de 2025 se había registrado una disminución delictiva. Illa hizo un llamado a la calma y a la convivencia, advirtiendo sobre el riesgo de la retórica divisiva.
Finalmente, el debate también tocó el tema del burkini en las piscinas municipales, donde Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, defendió su prohibición. Illa, en respuesta, criticó a Orriols por promover un discurso de odio en lugar de centrarse en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, afirmando que esas actitudes no son representativas de Catalunya.
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