La reciente iniciativa defendida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari Imanol Pradales, pone de manifiesto un deseo colectivo de avanzar en la integración de las lenguas regionales en el marco de la Unión Europea. Este jueves, ambos políticos enviaron una carta a los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros solicitando que el catalán, el gallego y el euskera se reconozcan oficialmente dentro de la UE.

La carta, redactada en inglés y respaldada por referencias a destacados autores que han escrito en estas lenguas, argumenta que tras cuatro décadas desde que España se unió a la Comunidad Económica Europea, es el momento de conceder el estatus de lenguas oficiales en las instituciones europeas a estas lenguas. Este reconocimiento se presenta como la culminación de un proceso que ha estado en espera durante mucho tiempo.

Los líderes autonómicos destacan que dicha solicitud se justifica por la particularidad del contexto español y por las promesas realizadas por España ante el resto de los Estados miembros. Consideran que es hora de abordar lo que ellos consideran una anomalía que se puede solucionar fácilmente.

Recuerdan que el tema de la oficialidad lingüística ya fue discutido en 1985 durante las negociaciones para la adhesión de España a la UE. Aunque el debate fue aplazado, los derechos lingüísticos continuaron siendo una demanda persistente, evidenciada por los acuerdos alcanzados en 2005 para su uso en las instituciones europeas.

Argumentan que más de millones de personas utilizan el catalán, el gallego y el euskera a diario, y que su producción cultural y capacidad comunicativa son comparables a las de otras lenguas ya reconocidas. Según Illa y Pradales, la diversidad lingüística es un componente esencial de la cultura y la identidad nacional de España, así como de la propia esencia europea.

Ambos presidentes subrayan que el reconocimiento de las lenguas en España ha sido un proceso complicado, marcado por épocas de negación y represión, aunque con la llegada de la democracia se ha comenzado a restaurar esta diversidad. En este sentido, resaltan que la Constitución Española ya establece el carácter oficial de estas lenguas, las cuales son fundamentales para la cohesión social.

El compromiso con la justicia lingüística y la importancia del apoyo ciudadano también ocupan un lugar central en su mensaje. Illa y Pradales argumentan que si no se resuelve este tema, sería difícil justificarlo ante la ciudadanía, ya que la UE promueve la idea de diversidad. Se cuestionan cómo se podría aceptar un modelo que imponga una lengua única en un Estado que se identifica como multilingüe.

Para los líderes, obtener el estatus oficial es una manera de reforzar el sentido de pertenencia de los ciudadanos a la UE. Consideran que este reconocimiento no solo sería un paso necesario después de tantos años, sino que también representaría una clara señal del compromiso de las instituciones europeas con la diversidad, concluyendo que es el momento de avanzar en este proceso que ha tardado cuatro décadas en gestarse.