En un reciente informe publicado en Barcelona, cinco entidades han hecho un llamado a priorizar el origen en el análisis de la vulnerabilidad social. Este documento pone de relieve la difícil situación que enfrentan las mujeres migrantes, quienes sufren una doble discriminación por su condición de género y origen, lo que obstaculiza su acceso a una vivienda y a suministros básicos.

El estudio, titulado 'Inseguretat residencial al món local: Discrminacions a Barcelona i els seus impactes sobre la Salut', fue presentado por Enginyeria Sense Fronteres, el Observatori DESCA, la PAH de Barcelona, la Aliança contra la Pobresa Energètica y la Agència de Salut Pública de Barcelona. Su propósito es desentrañar cómo la intersección entre el género y las circunstancias migratorias agrava los problemas de vivienda y pobreza energética, utilizando testimonios recopilados de usuarias de la PAH y la APE.

Una notable mayoría de las encuestadas son mujeres (71%) y una porción considerable proviene de países con rentas media y baja (43,2%). Esta representación resalta la necesidad de incorporar el enfoque de género y origen cuando se analiza la vulnerabilidad social en las políticas públicas actuales.

Las circunstancias más prevalentes en este grupo demográfico incluyen familias encabezadas por una sola madre y, en menor medida, mujeres solas o parejas con hijos, quienes enfrentan una significativa discriminación que se traduce en un mayor nivel de racismo que afecta su capacidad de obtener vivienda y acceso a suministros básicos. Según las estadísticas, el 52,5% de las mujeres migrantes se ven afectadas en contraste con el 9,1% de los hombres.

Los autores del informe advierten que esta doble vulnerabilidad vinculada al género y al origen debe recibir una atención especial en la formulación de políticas públicas. Además, destacan que es esencial aplicar un enfoque diferenciado en las estrategias laborales y sociales, dado que las mujeres provenientes de países de renta baja son particularmente susceptibles a la precariedad laboral, mientras que las de países de renta alta se enfrentan a serias dificultades con pensiones insuficientes.

Particularmente, las familias de países de renta baja, sobre todo aquellas encabezadas por una madre soltera, enfrentan un riesgo elevado de endeudamiento y cortes de suministros. Esta situación no es menor, ya que impacta directamente en el bienestar de los niños, quienes son los más vulnerables en este contexto.

Entre las recomendaciones que surgen de este informe se encuentran incrementar el número de viviendas sociales y dar prioridad al acceso de colectivos vulnerables. También se sugiere la flexibilización de criterios administrativos de acceso, la implementación de contadores sociales, y la expansión del bono social para garantizar el acceso a la energía. Además, se recomienda proporcionar apoyo psicológico y establecer políticas de protección para madres solteras y mujeres que padecen discriminación.

El informe concluye subrayando la importancia de adoptar un enfoque integral en las políticas públicas. Esto implica no solo atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas, sino también trabajar en cambios sistémicos que reduzcan la discriminación y fomenten una inclusión social más amplia. El enfoque propuesto debe ser multidimensional, considerando las intersecciones entre género, origen y otros factores que intensifican la vulnerabilidad social.