En un reciente movimiento, el Sindicat de Llogateres ha presentado una denuncia formal ante la Agència Catalana de Consum. Esta acción se debe a la supuesta violación de la normativa de alquileres por parte de 35 inmobiliarias y 5 particulares que promocionan sus propiedades en diversas plataformas digitales.

Según el sindicato, se han identificado hasta 50 anuncios de viviendas en importantes distritos de Barcelona, como Horta-Guinardó, Eixample y Gràcia, que estarían incumpliendo el decreto ley relacionado con la contención de precios de alquiler.

La denuncia destaca que estos anuncios no cumplen con la obligación de informar sobre el precio de referencia, el contrato anterior, ni la clasificación como gran tenedor del propietario, lo que constituye una falta grave en cuanto a la transparencia necesaria en el mercado del alquiler.

Aunque el sindicato ha llevado a cabo una vigilancia sobre 40 casos, advierte que esto es solo una pequeña muestra y que existen numerosos anuncios que también ignoran este marco regulatorio, lo que sugiere un problema más amplio y sistemático.

Las consecuencias de estos incumplimientos son significativas, ya que, según el sindicato, facilitan que propietarios y agencias de alquiler engañen a los posibles inquilinos acerca de los precios justos que deberían regir en el mercado.

A pesar del trabajo del sindicato para señalar estas irregularidades, se ha señalado con preocupación que el gobierno no ha hecho ningún movimiento en forma de sanciones desde que la normativa de penalizaciones entró en vigor en febrero, dejando un vacío en la supervisión del cumplimiento legal.

Finalmente, se expresa que si la administración no asume un rol activo en el control de estas regulaciones, se corre el riesgo de enviar un mensaje claro a inmobiliarias y propietarios, permitiéndoles operar sin temor a las consecuencias legales. Esta situación pone en tela de juicio la eficacia de las políticas de contención de rentas en la región.