En el marco de la reciente evolución en la administración pública, la Plataforma de Afectados por la Función Pública ha subrayado que la ley diseñada para reducir la temporalidad en los empleos públicos no cumple adecuadamente con sus objetivos. Durante una reciente declaración en el Parlamento de Cataluña, Guillem Aubaó, portavoz de la plataforma, ha resaltado la necesidad de atender una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que subraya la falta de sanciones frente al abuso de temporalidad.

Aubaó ha apuntado que la ley 20/2021, que debería abordar el abuso de interinidades arraigado durante dos décadas, es insuficiente y no se adecúa al marco normativo europeo. Esta afirmación la realizó durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Institucionales, donde expuso su preocupación sobre cómo las administraciones han manejado la situación en años recientes.

El portavoz, que representa a diversos sindicatos como CGT y USTEC-STE, entre otros, enfatizó que la administración ha recurrido excesivamente a interinos para satisfacer necesidades funcionales que no han sido cubiertas de manera regular, lo que representa un problema persistente.

A pesar de que ha celebrado que el porcentaje de temporalidad en la Generalitat ha disminuido a un 8%, también ha criticado el proceso de estabilización por no proporcionar un mapeo claro de todas las plazas que requieren estabilización. Además, cuestionó la cantidad de lugares ofrecidos durante las oposiciones como insuficiente respecto a lo que deberían ser.

Según Aubaó, la Generalitat ha reportado la terminación de aproximadamente 380 contratos interinos con sus respectivas compensaciones, una cifra que él considera engañosa. A su juicio, el número real de afectados es mucho mayor, ya que varios interinos optaron por dejar sus puestos de forma voluntaria o eligieron aceptar trabajos menos cualificados por temor a ser despedidos tras no superar el proceso de estabilización.

Aubaó también destacó que la sentencia del TJUE sobre la ley de 2021 concluye que se está sancionando de manera inadecuada el abuso de la temporalidad en el sector público. En este contexto, instó a las autoridades a implementar lo dictado por el tribunal y a buscar soluciones legislativas en lugar de judiciales.

El portavoz planteó una pregunta retórica a los legisladores: ¿permitiremos que la gente recurra a la justicia y entre en un laberinto perjudicial en lugar de abordar el problema desde su raíz? Este cuestionamiento pone de relieve la urgencia de una reforma efectiva que resuelva las inconsistencias en la aplicación de la ley.

Adicionalmente, el profesor Gerardo Pérez, experto en Derecho Constitucional que también participó en la comisión, criticó el retraso acumulado en la adaptación de la directiva europea sobre trabajadores interinos, un hecho que ha llevado a España a ser uno de los países de la UE con más expedientes abiertos por incumplimiento normativo. Pérez enfatizó que, aunque muchas competencias son de nivel estatal, las comunidades autónomas no deben eludir su responsabilidad en la mejora de estas condiciones.