BARCELONA, 12 Nov. — En un notable giro en el ámbito judicial catalán, las defensas del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, junto a los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva, han tomado medidas en el Tribunal Constitucional (TC) al presentar un recurso solicitando amparo tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicar la Ley de Amnistía a su condena por malversación.

Además, los letrados han solicitado la suspensión cautelar de la inhabilitación que les impide ocupar un cargo público, según lo ha comunicado este martes la formación política involucrada en el proceso.

Los abogados de los tres procesados han cuestionado de manera contundente la actuación del Tribunal Supremo, argumentando que su decisión se aparta del principio de legalidad y tiene implicaciones severas sobre los derechos de estos políticos. Consideran que solo el legislador democrático tiene la autoridad y legitimidad para dictar leyes, afirmando que es inapropiado que los jueces interpreten las normas de tal manera que puedan alterar su esencia.

“Nunca una interpretación de la ley puede llevar a su derogación”, han enfatizado, citando el voto de una magistrada del TS que, de acuerdo a su análisis, refuerza esta posición crítica hacia el tribunal.

Por esta razón, han solicitado que se adopten medidas cautelares que permitan levantar la pena de inhabilitación impuesta a los políticos involucrados. La defensa de Junqueras y Romeva, encabezada por Andrey Van den Eynde, ha expresado su preocupación por lo que perciben como una decidida intención del TS de mantener la pena de inhabilitación de manera obstinada.

Asimismo, Mariano Bergés, abogado de Bassa, ha hecho hincapié en que la interpretación que el TS ha forzado en este caso está limitando de manera grave los derechos de participación política de la exconsellera, resaltando el impacto que este enfoque judicial tiene en la democracia y en los derechos fundamentales de los implicados.