El Gobierno Catalán evalúa un informe que sugiere prohibir la compra especulativa de viviendas, en medio de un creciente debate sobre la política fiscal y la protección del derecho a la vivienda.

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, anunció el pasado miércoles su intención de presentar una propuesta legislativa enfocada en reducir el tramo autonómico del IRPF y eliminar los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Ante esto, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, defendió un enfoque fiscal que considere la capacidad económica de cada individuo, argumentando que "quien más tiene, más paga".

Durante la sesión de control al Govern en la Cámara catalana, Batet cuestionó a Illa acerca de la influencia de los Comuns en la agenda del Gobierno y aseveró que los ciudadanos catalanes están sometidos a una carga impositiva sin precedentes, mientras que la recaudación estatal alcanza cifras récord.

La propuesta de Batet incluye la reducción de los cuatro primeros tramos impositivos para quienes tengan ingresos inferiores a 35,000 euros anuales, así como el incremento del mínimo exento a 5,907 euros. Además, plantea exonerar en un 99% el impuesto de sucesiones para los grupos 1 y 2 y ofrecer una bonificación similar para donaciones relacionadas con actividades profesionales de familiares directos.

Illa respondió argumentando que la presión fiscal en Cataluña y en España se encuentra claramente por debajo de la media de la Unión Europea. Afirmó que quienes desean servicios públicos comparables a los de países nórdicos no pueden pretender mantener una carga fiscal mínima, rechazando así la idea de que Cataluña sea un lugar con una fiscalidad asfixiante.

Batet también criticó a Illa por no manifestar una postura clara sobre el aumento en las cuotas de los trabajadores autónomos, recordando que existen alrededor de 600,000 autónomos en Cataluña y cuestionando quién es su defensor en el Gobierno.

El líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, se unió a las críticas hacia el Gobierno y pidió mayor previsibilidad y mejoras en la protección social y las jubilaciones para los autónomos. Jové instó a Illa a actuar y, si fuera necesario, a romper con la disciplina de voto de su partido en el Congreso para favorecer a este colectivo.

Sin embargo, Illa replicó que ya se ha comprometido a no aumentar las cuotas de aquellos autónomos con menores ingresos, afirmando que es inútil hacer reclamaciones sobre un tema que ya ha sido abordado y que no hay recurso amplio para modificar.

El presidente se mostró a favor de que la fiscalidad de los autónomos se ajuste a sus realidades económicas y abogó por un enfoque más efectivo en lugar de una simple demostración de poder.

En otro orden de cosas, la diputada de la CUP, Laure Vega, planteó a Illa si se baraja la opción de prohibir la compra especulativa de viviendas, basándose en un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que sugiere que sería viable limitar la compra de inmuebles destinados a uso residencial en zonas críticas según lo dictado por la Generalitat.

Illa admitió que el informe está siendo revisado y que ha hablado con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para discutir sus implicaciones.

El presidente del Gobierno catalán reafirmó su compromiso de priorizar la vivienda como un derecho fundamental y su intención de adoptar medidas que sean legalmente posibles y realistas para alcanzar este objetivo.

Por su parte, el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, criticó lo que considera un "despilfarro" de recursos por parte de la Generalitat en la creación de estructuras que contradicen el mensaje de eficiencia que promueve Illa.

En respuesta, Illa destacó que su Gobierno tiene un plan para mejorar la administración y sugirió que Fernández podría dar consejos de gestión a otros presidentes autonómicos del PP que enfrentan problemas en esta área, aludiendo a la gestión de incendios en Castilla y León y otros desafíos en Andalucía.

Finalmente, Ignacio Garriga, jefe de Vox en Cataluña, arremetió contra la decisión de la Generalitat de perdonar pagos indebidos a menores extutelados. Illa defendió que no hay trato privilegiado para nadie y descalificó las afirmaciones de Garriga como "mentiras y falsedades".