La amnistía protege los fondos europeos y excluye el 'lawfare', no hay necesidad de acción por parte de Bruselas.
La Comisión Europea considera que la proposición de ley de amnistía no viola los principios y normas comunitarios, ya que los intereses financieros de la UE y los casos de 'lawfare' han sido excluidos. Según fuentes comunitarias, este es un asunto doméstico que debe ser evaluado por las autoridades nacionales competentes y el texto aún está siendo analizado por los servicios jurídicos.
Los principales temores de la Comisión Europea en relación a la ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, específicamente en el principio de separación de poderes y en la posibilidad de incluir casos de 'lawfare' o 'guerra judicial'. Sin embargo, tras una primera revisión del texto presentado por el PSOE, se ha determinado que estas preocupaciones no están presentes. Aún así, se está realizando un análisis en profundidad antes de emitir una opinión formal.
El artículo 2 del texto excluye los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea de la futura amnistía. En cuanto al 'lawfare', aunque no se menciona específicamente, se limita a los actos relacionados directa o indirectamente con el proceso independentista, como usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, dejando fuera otros delitos como el blanqueo de capitales, la organización criminal o la asociación ilícita, la falsedad documental o los delitos contra la Hacienda Pública.
Si la proposición de ley hubiera mencionado el 'lawfare', la Comisión Europea habría intervenido. Sin embargo, al ser parte de un acuerdo político entre el PSOE y Junts, queda fuera del alcance de Bruselas. No obstante, las fuentes señalan que la Comisión Europea no puede convertirse en un "actor político" en los Estados miembros, aunque advierten que si este acuerdo político que incluye el 'lawfare' tiene un desarrollo legislativo, podría cambiar la situación.
Desde la perspectiva de Bruselas, la proposición de ley, en su estado actual, es un asunto nacional que debe ser controlado por las autoridades competentes, comenzando por el Parlamento, que debe tramitar y aprobar la ley, y finalmente por el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.
La Comisión Europea no considera relevantes las motivaciones políticas para aprobar una ley de amnistía, ya sean las expresadas en la exposición de motivos o el apoyo de las fuerzas independentistas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Estas cuestiones deben ser evaluadas por los órganos nacionales.
Las fuentes consultadas descartan cualquier similitud con el caso de Rumanía, donde la Comisión Europea advirtió que tomaría medidas si se aprobaba una ley de amnistía diseñada para perdonar a su entonces líder, Liviu Dragnea. En el caso español, no existía una ley de amnistía y no se busca beneficiar directamente a un líder político.
Por último, se destaca que para activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que permite suspender los derechos de un Estado miembro, se requiere un incumplimiento sistemático de los principios y normas de la UE, por lo que una única infracción no sería suficiente para ponerlo en marcha, incluso si fuese grave.