El proceso de transferencia de impuestos en Cataluña se iniciará con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2026, según se ha informado desde la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

En una reunión que se llevará a cabo este lunes en Barcelona, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y los consellers Albert Dalmau y Alícia Romero, se reunirán para tratar la ley que se presentará en el Congreso con el fin de avanzar en la financiación específica para Cataluña.

Esta comisión llega con un retraso de dos semanas respecto al previo compromiso asumido entre el PSC y ERC, que planeaba que el acuerdo estuviera formalizado para el 30 de junio. El líder de ERC, Oriol Junqueras, amplió el plazo para el PSOE en lo que describió como “unas semanas más”.

Los republicanos han señalado que la candidatura de la vicepresidenta María Jesús Montero en las elecciones andaluzas fue un factor que ralentizó las negociaciones, las cuales se aceleraron tras las revelaciones sobre el 'caso Santos Cerdán', según fuentes de Europa Press.

Junqueras anunció recientemente que su grupo en el Congreso presentará en breve una propuesta legislativa para garantizar que Cataluña pueda gestionar la totalidad del IRPF, su objetivo primordial, e incluso en el futuro, el resto del sistema fiscal.

El líder de ERC enfatizó que la capacidad de gestionar 30.000 millones de euros a través del IRPF es significativamente más importante que manejar solo 5.000 millones en este momento, subrayando la relevancia de esta gestión en el contexto de la reunión bilateral que se aproxima.

El acuerdo en discusión entre ambos gobiernos contempla que el traspaso de la recaudación del IRPF se realice a partir de 2026, permitiendo a la Generalitat la administración del impuesto generado en Cataluña.

En este encuentro, se espera abordar los detalles de la propuesta de ley que se presentará en el Congreso para que la ATC asuma la gestión de este impuesto en el plazo estipulado.

El diseño de un modelo de financiación singular para Cataluña forma parte del pacto alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que incluye la recaudación, gestión y liquidación de todos los tributos.

Este acuerdo prevé también una contribución solidaria hacia las comunidades autónomas menos favorecidas y la aplicación del principio de ordinalidad, asegurando que Cataluña conserve su posición relativa en la balanza entre lo que aporta y lo que recibe.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el viernes que el acuerdo no generará desigualdades con otras regiones y que cada comunidad autónoma tendrá la oportunidad de desarrollar su propio estatuto de autonomía.

Desde ERC, se argumenta que un modelo de financiación que pueda aplicarse a otras comunidades no significa que no sea específico para Cataluña, indicando que las negociaciones están tomando un rumbo similar al de un concierto económico, según el vicesecretario de Comunicación del partido, Isaac Albert.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicó que el encuentro servirá para formalizar el acuerdo entre los partidos en un entendimiento más institucional con la Generalitat.

Paneque recordó que el Govern planea fortalecer la estructura de la ATC para gestionar el IRPF y otros impuestos en los próximos años.

En mayo, la Generalitat aprobó la creación de 200 nuevas plazas para el personal de la ATC, con el fin de dotar a esta entidad de los recursos humanos necesarios para afrontar los retos que se avecinan con el nuevo modelo de financiación.

Una vez ratificado el acuerdo y ajustada la estructura de personal, se lanzará una convocatoria de empleo público para cubrir varias plazas, incluyendo inspectores y técnicos tributarios, así como personal administrativo.

La agencia está contemplando la cobertura de un total de 200 nuevas plazas, sumándose a otras 50 ya previstas para el 2024, con el objetivo de ampliar su plantilla, actualmente compuesta por alrededor de 830 profesionales, y preparar la gestión de nuevos tributos en el futuro, más allá del IRPF.