La diputada Pilar Castillejo, representante de la CUP en el Parlament, ha hecho escuchar su voz en contra de la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) tras el escándalo de presuntos abusos a una menor bajo su tutela. Según Castillejo, las aclaraciones ofrecidas por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, fueron "necesarias pero insuficientes".

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, la diputada expresó su apoyo a la decisión del Govern de personarse en la investigación relacionada con el caso, pero destacó que esto no es suficiente. "Es imperativo identificar a los responsables de que se haya permitido que ocurran hechos tan graves, que no son incidentes aislados", afirmó con determinación.

Además, no considera adecuada la propuesta de la consellera de revisar los protocolos existentes y ha demandado una "reflexión profunda sobre el modelo de la Dgaia". Castillejo subraya la necesidad de investigar si se ha dado un aumento injustificado en el gasto dirigido hacia fundaciones y empresas privadas que gestionan casos de la Dgaia.

La diputada de la CUP criticó la actuación de los grupos parlamentarios de ERC y Junts, quienes propusieron una comisión de investigación sobre la Dgaia. A su juicio, la situación actual se originó cuando ambos partidos estaban en el gobierno, y tuvieron la responsabilidad de supervisar la Dgaia.

Por otro lado, Castillejo reveló que su grupo ha exigido que no solo comparezcan representantes políticos y técnicos de la Dgaia en la Comisión de Derechos Sociales, sino que también se convoque a las direcciones de las fundaciones involucradas en los casos que actualmente están siendo investigados por Antifrau.

Como parte de sus propuestas, la CUP se compromete a presentar una nueva ley de protección a la infancia, afirmando que "las comisiones de investigación no son suficientes, ya que sus conclusiones a menudo terminan en el olvido".

La diputada también recordó la comisión de investigación de las residencias durante la pandemia, subrayando que las conclusiones obtenidas fueron limitadas y escasamente efectivas en su aplicación posterior.

Castillejo finalizó mencionando que, aunque apoyan la creación de la nueva comisión de investigación, su intención es participar activamente en su trabajo para esclarecer los sobrecostes: "Las personas encargadas de supervisar el patronato de las fundaciones no han cumplido con su deber", concluyó.