La reciente aprobación de una resolución por parte de las bases de los Comuns ha despertado un intenso debate en el ámbito político español. Este documento critica abiertamente lo que sus partidarios denominan las "dobles varas" de medir de la Unión Europea, especialmente en relación con la crisis en Ucrania y la situación de Palestina, revelando así una postura más crítica respecto a la política exterior del bloque comunitario.

El acontecimiento tuvo lugar en Barcelona, donde la IV Assemblea Nacional de los Comuns reunió a sus miembros en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Durante el encuentro, se sometió a votación el informe de gestión de la dirección saliente, encabezada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin embargo, la respuesta no fue unánime; el número de votos en contra y las abstenciones superaron el total de apoyos, lo que pone de manifiesto ciertas divisiones internas en la formación.

En el resultado de la votación, 216 participantes manifestaron su apoyo al informe de gestión, mientras que 169 votaron en contra y 82 optaron por la abstención. Esto equivale a un total de 251 votos en contra frente a los a favor, reflejando la disconformidad que algunos sectores tienen hacia la dirección tomada por sus líderes.

Durante la asamblea, las coordinadoras nacionales presentaron un balance de su mandato electoral, renovado en noviembre de 2021, que no estuvo exento de críticas y cuestionamientos por parte de sus bases. A pesar de las discrepancias manifestadas en algunas votaciones, hay un consenso en la necesidad de preparar a la organización de cara a las elecciones municipales de 2027 con un enfoque más territorial y de crecimiento.

Intrínsecamente relacionado con la estructura y denominación del partido, un intenso debate se desató sobre el uso de la palabra "partido" en lugar de "organización" o "movimiento político y social". Aunque las enmiendas que abogaban por esta última terminología fueron finalmente rechazadas, el asunto reveló tensiones sobre la identidad del grupo y su representación de las diversas sensibilidades presentes en su amplia base de apoyo.

En un giro significativo hacia el futuro, también se aprobó que el partido continúe denominándose "Catalunya en Comú", pero con la incorporación de "Comuns" en su comunicación, una decisión que subraya la importancia de mantenerse conectados con su historia y su electorado.

Otras resoluciones aprobadas en la asamblea incluyen medidas para la reducción de la jornada laboral, impulsando una disminución progresiva a 32 horas hacia 2030. Asimismo, se reafirmó el compromiso con una visión crítica del europeísmo, denunciando las discrepancias en la respuesta de la UE ante situaciones de conflicto como las de Ucrania y Palestina.

El compromiso hacia una Europa más justa fue también un tema recurrente, destacando la creación de un marco federal que apoye a los pueblos oprimidos, reafirmando esta postura como una demanda de los Comuns en el contexto actual.

El informe de gestión reflejó, además, un claro compromiso con la lucha contra la discriminación estructural, lo que incluye el edadismo, y se comprometió a mejorar la atención y recursos para las políticas de dependencia y protección de la tercera edad, con el objetivo de garantizar una vida digna a este colectivo.

Dentro de las propuestas, se hizo hincapié en la necesidad de erradicar la violencia de género mediante políticas concretas que desactiven la violencia estructural patriarcal. También se planteó la urgente necesidad de reformar la ley electoral catalana para fomentar una mayor participación ciudadana, explorando opciones como el voto electrónico y el desarrollo del derecho a voto de los emigrantes.

En cuanto a la laicidad, los Comuns abogan por el respeto a todas las creencias, proponiendo que los ayuntamientos dispongan de espacios en cementerios y tanatorios para la celebración de ceremonias de distintos orígenes religiosos, reflejando una postura inclusiva.

Finalmente, se dio luz verde a varias resoluciones relacionadas con la ley de espacios agrarios y la accesibilidad a la vivienda en zonas rurales, lo que demuestra un intento por parte de la formación de abordar problemas socioeconómicos que afectan a diversas comunidades, particularmente en el ámbito rural y en pequeñas localidades. Otro aspecto de atención fue la consideración de las dificultades de vida en el Alt Pirineu y Aran, donde se demandó un aumento en el transporte público y una regulación del uso turístico de las viviendas.