La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental, luego de fraccionar contratos para beneficiar a un amigo durante su periodo al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.

Según fuentes cercanas a Europa Press, Borràs ha solicitado al Tribunal Supremo la aplicación de la amnistía en su caso, argumentando que su condena no está relacionada con eventos como el 9-N o el 1-O.

El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha presentado una solicitud para que se considere aplicar la amnistía, mientras que la expresidenta busca recurrir a instancias europeas para impugnar su condena.

A pesar de la sentencia, se impuso una multa de 36.080 euros a Borràs y se propuso un posible indulto parcial para reducir su pena de prisión a un máximo de dos años, evitando su ingreso en prisión.

Una magistrada del tribunal emitió un voto particular en el que discrepaba sobre la condena de Borràs, argumentando que la inhabilitación debería afectar solo a cargos con facultades de contratación y que la falsedad documental no fue cometida directamente por la expresidenta.

El amigo beneficiario de los contratos, Isaías H., fue condenado por falsedad documental a dos años de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación para contratar con administraciones públicas. Mientras tanto, Andreu P., cómplice en la elaboración de presupuestos, también recibió condena por falsedad documental, pero fue absuelto de prevaricación.