Crónica Cataluña.

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Morant asegura que el Programa María Goyri acabará con la precariedad en las universidades catalanas

Morant asegura que el Programa María Goyri acabará con la precariedad en las universidades catalanas

El Gobierno prevé la creación de 1.168 nuevas plazas de ayudante doctor con contratos de seis años en las universidades públicas catalanas, como parte del Programa María Goyri de talento docente e investigador.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, resaltó que esta iniciativa busca acabar con la precariedad laboral de estos profesionales y mejorar la calidad docente e investigadora en el sector académico.

En un evento celebrado en el Palau de la Generalitat, se firmó un convenio para activar este programa que busca rejuvenecer las plantillas universitarias y reducir la tasa de temporalidad, cumpliendo con los estándares establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) para el curso 2027-2028.

Para Morant, es inaceptable que dos tercios del profesorado en las universidades públicas catalanas tenga contratos temporales, y destaca que este convenio es fundamental para mantener el potencial de investigación en Cataluña.

La consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha señalado la importancia de este convenio para impulsar el sistema universitario público en Cataluña, con la participación de diversas autoridades académicas en el evento.

El acuerdo contempla la creación de 463 plazas de profesorado ayudante doctor antes del curso 2027-2028, y la autorización de 1.168 plazas para contratos de seis años, con una inversión conjunta del Gobierno y la Generalitat.

El compromiso del Gobierno incluye aportar 10,7 millones de euros este año para la creación de 705 plazas de profesorado ayudante doctor en las universidades catalanas, con una inversión total de 34,8 millones de euros durante la duración del convenio.

Morant ha destacado que el Gobierno financiará la creación de 3.400 plazas de ayudante doctor en toda España durante seis años, con un costo de más de 900 millones de euros, con el objetivo de reducir significativamente la temporalidad en el sector académico.