La Generalitat de Cataluña ha dado un paso significativo en el ámbito de la vivienda accesible al anunciar la adquisición de 1.064 pisos de InmoCaixa por un valor de 87,2 millones de euros. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha señalado que un impresionante 90% de estas propiedades ya están habitadas por inquilinos que disfrutan de alquileres asequibles, dado que se trata de viviendas de protección oficial.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Conselleria, Paneque calificó el anuncio realizado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como una noticia positiva. Además, subrayó que la compra a través del tanteo y retracto por parte del gobierno se presenta como una alternativa más rápida y eficaz que la construcción de nuevas viviendas, en términos de ampliar el parque de viviendas protegidas.

La consellera argumentó que esta estrategia no solo permite conservar las viviendas bajo un marco de protección, sino que también se lleva a cabo a un ritmo que supera el de la construcción convencional, además de ser más económica. "Estamos garantizando la permanencia de esta protección a precios inferiores a los de nuevas construcciones", enfatizó Paneque.

El presidente Illa, en su anuncio inicial, mencionó que se trata de una operación que incluye la posibilidad de extender el número de viviendas a cerca de 1.100 según las negociaciones en curso con algunos inquilinos. La adquisición se suma a una compra previa de tres lotes con un total de 866 viviendas, lo que lleva el número total de inmuebles adquiridos por la administración catalana a cerca de 2.000 en colaboración con InmoCaixa.

Los detalles del plan muestran que en la provincia de Barcelona se comprarán propiedades en varios municipios, destacando 182 en Barcelona, 81 en Cornellà de Llobregat, 112 en l'Hospitalet de Llobregat, entre otros. Otros territorios, como Lleida, Tarragona y Olot, también recibirán parte de esta inversión, aunque en menor escala.

Paneque también hizo hincapié en la urgencia de esta compra, ya que muchos de los inmuebles en cuestión perderían su estatus de vivienda de protección oficial entre 2035 y 2042, lo que podría afectar gravemente a los inquilinos. Con esta adquisición, el gobierno no solo ampliará su parque de viviendas protegidas, sino que también garantizará la protección de los inquilinos actuales, quienes temían la posible finalización de sus contratos y la consecuente pérdida de sus hogares.