El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han iniciado acciones legales este martes para apartar al magistrado Joaquín Aguirre de la investigación que involucra una presunta trama rusa.

La querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acusa al juez Aguirre de prevaricación y malversación, calificando su actuación de "arbitraria, estrafalaria e injusta" al abrir una nueva pieza sobre la supuesta trama rusa del movimiento independentista 'procés'.

Como medida cautelar, los querellantes solicitan la suspensión temporal del magistrado en la investigación que les vincula con un delito de traición que no estaría cubierto por la Ley de Amnistía.

Según la querella, la investigación sobre subvenciones fraudulentas otorgadas por Convergència Democràtica de Catalunya a las entidades Catmon e Igman dio origen a cuatro piezas separadas, una de las cuales lleva por nombre 'trama rusa'.

Los querellantes critican la excesiva división de la investigación en múltiples piezas separadas, lo cual, según ellos, generó un desgaste considerable de recursos públicos y fue revocada por la Audiencia de Barcelona.

Asimismo, cuestionan que el juez Aguirre haya ignorado las decisiones de la Audiencia Provincial de Barcelona, catalogando su actuar como un intento de mover los hechos investigados de una pieza a otra de manera ilegal.

La querella sostiene que durante las negociaciones sobre la Ley de Amnistía entre el Gobierno y Junts, Aguirre tomó la decisión de activar una investigación por alta traición con la intención de impedir que los hechos fueran amnistiados, incluyendo sorpresivamente a Carles Puigdemont en dicha investigación.