El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la causa de Tsunami Democràtic cuando ya no tenía más recorrido. Según Puigdemont, esta decisión fue una estrategia para poner fin a un caso que estaba condenado al fracaso desde el principio.

En su opinión, el juez García Castellón ha cometido un error "estúpido" al persistir en una acusación de terrorismo que era totalmente delirante. Puigdemont sostiene que este caso es un claro ejemplo de 'lawfare' en acción, donde se utilizan los procesos legales para perseguir a los opositores políticos.

Puigdemont afirma que los jueces estaban más interesados en intimidar a los líderes independentistas y en difundir una imagen de miedo en relación al movimiento separatista. Aunque la causa se haya archivado, Puigdemont advierte que la vulneración de los derechos y la reputación de las personas afectadas no se pueden revertir.

Según Puigdemont, en España no existe un verdadero Estado de derecho, ya que algunos jueces instruyen los casos ilegalmente y toman decisiones basadas en consideraciones políticas en lugar de aplicar la ley de manera imparcial.

El expresidente catalán también critica la falta de separación de poderes y la imprevisibilidad en la aplicación de las normas en una supuesta democracia europea. Puigdemont sostiene que la justicia debería ser imparcial, incluso cuando se enfrenta a quienes considera enemigos del Estado.

Por último, Puigdemont destaca que la Ley de Amnistía no pone fin a la represión estructural que, según él, España ejerce contra Cataluña. A su juicio, esta ley solo aborda una parte de la represión generada por el Estado, pero no soluciona el conflicto en su totalidad.