El abogado de Carles Puigdemont pide al Tribunal Supremo que levante la orden nacional de detención

MADRID, 19 Jun.

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado una solicitud al Tribunal Supremo argumentando que la ley de amnistía podría aplicarse a los cargos de malversación de fondos públicos por los que fue procesado en relación con su participación en el proceso independentista catalán.

El abogado Gonzalo Boye ha presentado un escrito, obtenido por Europa Press, en el que también pide la anulación de las medidas cautelares en su contra, específicamente la orden de búsqueda y captura para su ingreso en prisión dictada el 12 de enero de 2023.

En su extenso escrito de 23 páginas, Boye responde a la solicitud del magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, sobre la aplicabilidad del perdón para este delito en particular. El abogado argumenta que los presuntos actos atribuidos a las personas procesadas en el caso fueron realizados con la intención de promover el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Boye destaca que no se encuentra evidencia de enriquecimiento personal en los actos considerados como malversación, y argumenta que identificar ese propósito de enriquecimiento iría en contra del espíritu de la ley de amnistía.

El abogado remarca que ni el Tribunal Supremo ni la Sala de lo Penal han encontrado evidencia de ánimo de lucro en los hechos relacionados con el proceso independentista, y considera que esos actos deben ser amnistiados.

También señala que el delito de desobediencia entra dentro del marco de la ley de amnistía, y que en este caso no se aplica ninguna de las excepciones relacionadas con los intereses financieros de la Unión Europea.

En relación con la Directiva de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude, el abogado argumenta que dicha norma no puede aplicarse retroactivamente a los hechos anteriores a su entrada en vigor en julio de 2019.

Ante estas consideraciones, el letrado concluye que los cargos contra Puigdemont deberían ser amnistiados y que se levante la orden nacional de detención en su contra.