El Tribunal de Cuentas ha recibido duras críticas por parte de la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien califica la actuación del órgano fiscalizador como "extemporánea, antijurídica y extravagante".

En un escrito enviado al Tribunal de Cuentas, la defensa de Puigdemont ha argumentado que el tribunal no tiene competencia para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, ya que no cumple con los requisitos de independencia necesarios.

La polémica surgió a raíz de una providencia emitida por el Tribunal de Cuentas el pasado 11 de junio, en la que se consultaba a diversas partes involucradas sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE una vez que la ley de amnistía había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que la facultad de plantear cuestiones prejudiciales está reservada a los órganos jurisdiccionales de los estados miembros, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Asimismo, la defensa argumenta que el Tribunal de Cuentas Español, a pesar de ser un órgano constitucional, no cumple con los requisitos para ser considerado un órgano jurisdiccional según lo estipulado por el TFUE.

La falta de independencia e imparcialidad en el Tribunal de Cuentas ha sido destacada por la defensa, que señala que la delegada instructora es nombrada por la Comisión de Gobierno del tribunal, compuesta exclusivamente por personas designadas por las Cortes Generales, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, la defensa recuerda declaraciones de la exministra de Justicia Pilar Llop y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se afirmaba que el Tribunal de Cuentas no pertenece al Poder Judicial.

En cuanto a la aplicación de la ley de amnistía en el caso de Puigdemont, la defensa argumenta que el procedimiento seguido por el Tribunal de Cuentas vulnera el derecho de la Unión y que se ha pasado por alto la inmunidad parlamentaria del expresidente como eurodiputado.

Por todo ello, la defensa considera que el Tribunal de Cuentas está incurriendo en una "sistemática vulneración del derecho de la Unión" y urgen al órgano fiscalizador a aplicar la amnistía sobre los encausados del 'procés' y a archivar las actuaciones.

La defensa destaca que la ley de amnistía se extiende a los procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas y pide que se levanten las medidas cautelares y se archiven las actuaciones sin incurrir en gastos indebidos.

Por otro lado, se señala que el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros a los 35 encausados, mientras que Sociedad Civil Catalana reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público.

La lista de encausados incluye nombres como el de Artur Mas, Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig, y diversos delegados de la Generalitat en el extranjero.