En Madrid, el 17 de noviembre, la defensa del ex presidente catalán Carles Puigdemont ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de la orden de detención nacional que aún pesa sobre él. Los abogados justifican su petición basándose en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Dicha solicitud fue presentada formalmente el lunes y ha sido divulgada por Europa Press. Los letrados de Puigdemont piden que se paralice la decisión del juez instructor del caso 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que fue admitido el 7 de octubre pasado.

Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, argumenta que la suspensión solicitada no solo es apropiada, sino que resulta jurídicamente necesaria para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar irreparables daños a los derechos fundamentales del ex mandatario.

En su escrito, la defensa enfatiza que los daños que enfrenta Puigdemont no son meramente hipotéticos. Subrayan que a lo largo de los años, su libertad de movimiento y sus actividades institucionales han estado severamente restringidas por órdenes de detención que han sido anuladas por la ley de amnistía y validadas tanto por el Tribunal Constitucional como por los estándares jurídicos europeos.

Además, argumentan que las conclusiones del abogado general del TJUE refuerzan su postura, al asegurarse de que la ley de amnistía es totalmente compatible con el Derecho de la Unión Europea. Esto añade un argumento crucial a su solicitud, señalando que mantener la orden de arresto en este contexto sería un sacrificio desmedido e innecesario, en clara contradicción con los principios de proporcionalidad y mínima interferencia que deberían regir estos procedimientos.

Este movimiento de la defensa se produce tras las conclusiones del abogado general del TJUE, presentadas el 13 de noviembre. En estas conclusiones, aunque se menciona que algunas partes de la ley de amnistía podrían no estar alineadas con el derecho comunitario, se descarta que esta normativa represente una "autoamnistía" ni que se entre en conflicto con las leyes de la UE relacionadas con la lucha contra el terrorismo o con la protección de los intereses financieros de la Unión.