El gobierno ha aprobado una nueva ley que limitará la inmigración en el país. La ley, presentada por el partido conservador, ha generado controversia entre los grupos progresistas y defensores de los derechos humanos.

Según la nueva legislación, se establecerán cuotas anuales para los inmigrantes admitidos en el país. Estas cuotas se basarán en criterios como la educación, la experiencia laboral y los antecedentes penales de los solicitantes. Además, se implementará un sistema de puntos que favorecerá a los inmigrantes cualificados en detrimento de aquellos con habilidades menos demandadas.

Los conservadores defienden que esta medida es necesaria para proteger los empleos y garantizar la seguridad nacional. Argumentan que el exceso de inmigración ha provocado una competencia desleal en el mercado laboral, y que es necesario priorizar a los trabajadores nacionales.

Por otro lado, los críticos de esta ley la consideran discriminatoria y xenófoba. Afirman que establecer criterios basados en la educación y la experiencia laboral excluye a aquellos que no tienen acceso a una buena educación o que han sido marginados en el mercado laboral. Además, argumentan que este enfoque favorece a los inmigrantes de países más desarrollados en detrimento de los provenientes de países más pobres.

El debate sobre inmigración ha sido uno de los temas más controvertidos en el país en los últimos años. Los conservadores han abogado por una política más restrictiva, mientras que los progresistas defienden una política de acogida y apoyo a los inmigrantes.

La nueva ley entrará en vigor el próximo mes, y se espera que la implementación sea gradual. Sin embargo, aún quedan interrogantes sobre cómo se llevará a cabo y cómo afectará la llegada de nuevos inmigrantes al país.