La Fiscalía de Barcelona ha presentado una solicitud de pena considerable para el exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, quien enfrenta un juicio por supuestas irregularidades relacionadas con la urbanización de terrenos. Enfrentará el proceso judicial el próximo miércoles, junto a dos funcionarios del ayuntamiento, en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según el documento de acusación, la Fiscalía reclama que se imponga una condena de 4 años de prisión, 16 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros, por hechos que se habrían llevado a cabo entre 2018 y 2020, periodo en el que Guijarro ocupó el cargo de concejal de Urbanismo.

Los otros dos implicados en este caso son el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y el jefe de la Unidad Jurídica del Departamento de Urbanismo, ambos en funciones durante los años mencionados. La Fiscalía sostiene que los tres eran responsables de asegurar el correcto uso de la potestad sancionadora en el ámbito urbanístico y que fallaron en el cumplimiento de sus deberes.

La acusación señala que estos funcionarios no investigaron las irregularidades vinculadas a diversas construcciones y modificaciones en terrenos de la Serralada de Marina, que están catalogados como suelo no urbanizable y protegido por su importancia ambiental, a pesar de contar con información de los Agentes Rurals sobre estas actividades.

La Fiscalía destaca que se identificaron edificaciones y transformaciones ilegales, algunas de las cuales eran viviendas, que violaban claramente la normativa urbanística vigente, y que, para colmo, algunos de los responsables habían ocupado los terrenos sin el consentimiento de los propietarios legítimos.

Se acusa a Guijarro y a los otros dos funcionarios de no haber impulsado un proceso sancionador adecuado y haber solicitado licencias para obras que, a juicio de la Fiscalía, eran irremediablemente ilegales. Esta inacción es considerada una grave falta de deber por parte de los acusados.

Adicionalmente, la Fiscalía argumenta que, en lugar de sancionar a los responsables de las transformaciones ilegales, se dirigieron en un procedimiento sancionador contra los propietarios de las fincas, eximiendo de responsabilidad a quienes realizaron las construcciones ilícitas, lo cual contraviene la normativa urbanística que previamente conocían bien los acusados.

El caso pone de manifiesto la necesidad de un control riguroso sobre las actividades urbanísticas en áreas sensibles, particularmente en terrenos protegidos, y pone en tela de juicio el compromiso de ciertos líderes políticos con la legalidad y la conservación del medio ambiente.