El impacto de la presión política se ha vuelto evidente en el seno del Gobierno español, especialmente tras las recientes controversias en torno a la compra de municiones a empresas israelíes. Según Jaume Asens, diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido desautorizado por el presidente Pedro Sánchez, lo que, a juicio de Asens, resalta un nuevo fracaso en la gestión del ministro.

En su intervención en TV3, Asens expuso que, a pesar de las numerosas solicitudes de renuncia y rectificación por parte de los miembros de su coalición y otros altos funcionarios, fue necesario que Sánchez interviniese directamente para poner fin a la controversia, evidenciando así la falta de liderazgo de Marlaska.

El eurodiputado expresó su preocupación por la falta de compromiso del ministro en temas relacionados con los Derechos Humanos, sugiriendo que, de no ser por la presión ejercida desde Sumar, el contrato con la empresa israelí todavía estaría en pie. Esto, según él, debería llevar a una reflexión profunda sobre la idoneidad de Marlaska en su cargo.

En cuanto al futuro del Gobierno, Asens apreció la estabilidad de la coalición, pero también afirmó que la intervención de Izquierda Unida al exigir una salida del Ejecutivo ha sido crucial para que el PSOE “se pusiera las pilas”. Este llamado de atención ha motivado a los socialistas a actuar con mayor diligencia en asuntos sensibles.

El eurodiputado también abogó por la implementación de una ley que impida la exportación de armamento, asegurando que situaciones similares a la actual deberían quedar excluidas de las políticas españolas hacia países conflictivos como Israel. La necesidad de salvaguardar los derechos humanos es, en su opinión, un principio que no debe ser negociable.

Refiriéndose a las relaciones de España con empresas israelíes, Asens argumentó que, conforme a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, el Estado español tiene la capacidad de congelar o cancelar estos contratos, subrayando que los convenios internacionales son exigibles y deben ser respetados por el Gobierno.

Finalmente, el diputado condenó la postura actual de España respecto al conflicto israelí-palestino, considerándola como una anomalía en el contexto europeo. Criticó la inacción de Europa frente a lo que él calificó de genocidio, alegando que la comunidad internacional lleva las manos manchadas de sangre por su inacción y complicidad.