La nueva Ordenanza de Circulación de Barcelona ha recibido la aprobación de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda, lo que marca un importante paso para la regulación del uso de patinetes eléctricos en la ciudad. Esta reforma cuenta con el respaldo del gobierno municipal formado por el PSC, BComú y ERC, y entrará en vigor el 1 de febrero de 2025, tras su discusión y votación en el pleno del Ayuntamiento, programada para este mes de noviembre.

La teniente de alcalde de Movilidad, Laia Bonet, ha sido la encargada de comunicar esta decisión, destacando que la normativa obligará a los usuarios de patinetes eléctricos a llevar casco en todo momento. Esta medida es presentada como un avance hacia una movilidad más segura, aunque ha suscitado críticas por los sectores que consideran que las restricciones son excesivas.

La nueva normativa también impone restricciones adicionales, como la prohibición de que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y las bicicletas circulen por las aceras, salvo en ciertas excepciones, y establece que las motos no podrán aparcar en aceras adyacentes a centros educativos y hospitales. Estas disposiciones buscan garantizar una mayor seguridad para peatones y usuarios de estos vehículos alternativos.

En cuanto a las limitaciones de velocidad, los patinetes eléctricos no podrán desplazarse en calzadas donde el límite esté fijado en 50 kilómetros por hora y no deben exceder los 25 kilómetros por hora en carriles bici o vías donde la velocidad máxima permitida sea de 30 kilómetros. Estas medidas son vistas como necesarias para equilibrar el uso de espacio público y la seguridad vial.

La circulación en bicicleta también tendrá nuevos parámetros. Se permitirá que los ciclistas circulen por la acera solo si son menores de 14 años o si adultos llevan a menores en sillas homologadas o remolques, pero deberán desmontar de la bicicleta en caso de que haya una aglomeración de personas. Esto refleja un intento por parte del Ayuntamiento de encontrar un punto medio entre la promoción del uso de la bicicleta y la seguridad de los peatones.

Laia Bonet ha expresado su gratitud por las negociaciones con los diferentes grupos políticos, argumentando que esta modificación contribuirá a una mejor organización del tráfico en Barcelona y propiciará la convivencia pacífica entre los distintos modos de transporte. Esta retórica indica un esfuerzo por presentar las nuevas normas como un consenso en lugar de una imposición.

Desde el grupo de BComú, el concejal Guille López ha reconocido que el gobierno podría haber implementado más medidas para proteger a los ciclistas, pero se ha mostrado satisfecho con la prohibición de estacionar motos frente a centros educativos y hospitales, considerándolo un paso positivo hacia la liberación de las aceras.

Por su parte, Rosa Suriñach de ERC ha intentado introducir una enmienda para permitir que las bicicletas circulen en doble sentido en calles de plataforma única. Sin embargo, Bonet respondió que dicha opción ya estaba contemplada en la nueva ordenanza, lo que indica un esfuerzo por incluir diversas posturas dentro del marco regulatorio.

La concejal de Junts, Francina Vila, ha criticado la falta de ambición del gobierno, señalando que no se ha incluido la exigencia de seguro y matrícula para los patinetes eléctricos, algo que podría haber mejorado la seguridad y responsabilidad de los usuarios. Su posición subraya las preocupaciones respecto a la regulación de nuevos modos de transporte.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Milián, ha manifestado que no es apropiado desatar una guerra contra vehículos como coches y motos, instando a mejorar el servicio de transporte público y revisar los carriles bici de la ciudad, un tema que sigue generando divisiones en la discusión sobre movilidad urbana.

Finalmente, Liberto Senderos de VOX ha criticado la decisión del Ayuntamiento, señalando que se ha perdido una oportunidad para revaluar y potencialmente aumentar los límites de velocidad en las rondas, sugiriendo que la administración prefiere adoptar una postura prohibitiva en lugar de fomentar una regulación más equilibrada y flexible.