BARCELONA, 23 de septiembre.

El Gobierno de Catalunya ha dado un paso adelante este martes en su reunión del Consell Executiu, al aprobar la memoria inicial del Anteproyecto de ley que busca establecer un sistema de alertas y proteger a los denunciantes de irregularidades. Este marco legal tiene como finalidad proporcionar seguridad a los ciudadanos que se atrevan a informar sobre posibles actos de corrupción.

Según el Ejecutivo catalán, la actual normativa en este ámbito es fragmentada y presenta obstáculos para su implementación efectiva. Por ello, esta nueva ley se propone consolidar en un solo texto las protecciones necesarias para los alertadores, así como un régimen sancionador que asegure su cumplimiento.

Con la aprobación de este documento preliminar, se dará inicio a un periodo de consulta pública que se extenderá por 30 días, en lugar de los 15 habituales. La consellera Sílvia Paneque, responsable de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, argumentó que esta extensión es justificada por la "complejidad del asunto".

La futura legislación llevará consigo principios fundamentales, asegurando que los denunciantes mantengan su anonimato y confidencialidad, prohibiendo represalias en su contra. Además, se establecerán mecanismos para que el sistema de alertas sea tanto seguro como de fácil acceso, mejorando la coordinación entre las distintas instituciones y con el sector privado.

Paneque concluyó señalando que este anteproyecto dará continuidad a los esfuerzos iniciados por el anterior Gobierno y considerará las aportaciones de la Oficina Antifrau de Catalunya, así como de organizaciones expertas en el área.