BARCELONA, 18 de enero.

El gobierno catalán está listo para presentar un proyecto de ley en la reunión del Consell Executiu que se llevará a cabo el martes, orientado a transformar la ocupación pública en Catalunya. Esta nueva legislación, busca establecer un sistema más ágil para la selección y provisión de cargos dentro de las administraciones, promoviendo la movilidad entre diferentes entidades y reconociendo la carrera profesional horizontal, entre otras medidas estratégicas.

Según Alícia Corral, secretaria de Administración y Función Pública, es fundamental dotar a la administración catalana de herramientas innovadoras que permitan retener el talento existente y atraer nuevos profesionales, con el fin de lograr un funcionamiento más eficiente. "Es hora de modernizar la administración del futuro", afirmó Corral en un encuentro con la prensa.

El Ejecutivo argumenta que es urgente actualizar la normativa actual, que se ha mostrado rígida y desfasada, y enfrentarse a los desafíos que trae consigo el envejecimiento del personal y las jubilaciones inminentes. La nueva ley se plantea como una respuesta a la necesidad de asegurar un relevo generacional adecuado y mantener la atracción de talento en el sector público.

Asimismo, los responsables del proyecto resaltan el extenso trabajo de colaboración realizado previamente con sindicatos, entidades municipalistas, universidades y diversos partidos políticos para llegar a un consenso sobre la normativa. Se estima que esta legislación impactará a alrededor de 400.000 empleados del sector público, abarcando no solo a la Generalitat, sino también a los 947 ayuntamientos de Catalunya y a las siete universidades públicas, así como consejos comarcales y diputaciones.

Se anticipa que una vez que el Parlamento inicie la tramitación del proyecto, se contará con el respaldo de una amplia mayoría, lo que facilitaría su aprobación en este año. Dada su naturaleza técnica y el consenso alcanzado, el Ejecutivo confía en que la normativa será bien recibida por la mayoría de las fuerzas políticas.

Una de las principales innovaciones será la modificación de los procesos de selección, diseñados para hacerlos más profesionales y eficientes, facilitando la incorporación de nuevos perfiles profesionales. La Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) jugará un papel clave en este proceso.

Los métodos de selección dejarán de centrarse exclusivamente en la memorización de leyes y artículos, dado que se reconoce la dificultad de atraer personas debido a la escasa tradición de oposiciones en Catalunya. En su lugar, se propondrán alternativas, como cursos selectivos, para optimizar la captura de talento, tal como señalaron desde el gobierno regional.

La normativa también contemplará la creación de procesos de selección integrados para diversas administraciones, así como la posibilidad de concursos permanentes abiertos para puestos de base, eliminando así la necesidad de esperar por convocatorias específicas.

Otro aspecto significativo será la introducción de un nuevo modelo de acceso para personas con discapacidad, así como la promoción de la igualdad de género y la implementación de protocolos contra el acoso y medidas que fomenten la transparencia y la integridad pública.

La ley también aspira a reconocer el desarrollo profesional a lo largo de la carrera de los empleados públicos mediante un sistema de carrera horizontal, donde se establecerán cuatro niveles de desarrollo (inicial, consolidado, experto y referente). Estos niveles permitirán acceder a complementos salariales y reconocimientos profesionales, no solo en función del tiempo de servicio, sino también a través de evaluaciones de desempeño y otros méritos tangibles.

Corral explicó que este sistema permite el crecimiento profesional sin necesidad de cambiar de puesto dentro de la administración, siguiendo un modelo que se asemeja al avance de 'junior' a 'senior' en el sector privado.

Junto con la carrera horizontal, se propondrá un principio de evaluación para los empleados públicos que permita a los superiores establecer objetivos anuales que sean medibles y evaluables.

Además, la normativa buscará fomentar la movilidad interadministrativa, permitiendo a los empleados públicos de distintas administraciones participar en procesos de movilidad. La implementación de este modelo será voluntaria y requerirá un acuerdo previo con la EAPC, todo con el objetivo de evitar la pérdida de talento en roles específicos.

La ley también abrirá la puerta a la creación de puestos de trabajo compartidos entre diferentes administraciones y ofrecerá opciones de empleo a tiempo parcial, una medida que se anticipa especialmente útil para municipios más pequeños que enfrentan desafíos para atraer y retener trabajadores públicos.

Finalmente, se establecerá una plataforma única que consolidará todas las ofertas de empleo público en Catalunya, integrando las oportunidades de la Generalitat, ayuntamientos, consejos comarcales y universidades en un único portal, facilitando así el acceso para los interesados en formar parte del sector público.